Un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción se manifiestan este jueves frente a Mburuvicha Róga para reclamar la reglamentación de la ley que prohíbe el arancel en universidades públicas y otros institutos superiores.
“La Ley de Arancel ya fue promulgada, lo único que falta es la reglamentación, es decir, no hay excusas para que no se aplique esta ley. Y justamente en este periodo, finales del año e inicio del próximo es la época en que más aranceles se cobran a los estudiantes”, dijo Marcelo Kiese, vocero de la Coordinadora de Estudiantes Universitarios de la UNA.
Mencionó que es clave que se aplique esta ley en este tiempo, atendiendo a la crisis económica que también afecta a los alumnos universitarios. “Lo único que se necesita es de voluntad política de parte de Mario Abdo Benítez”, indicó.
Nota relacionada: Ejecutivo promulga arancel cero para universidades y falta reglamentación
El documento promulgado el pasado 4 de noviembre cuenta con 90 días de plazo para su reglamentación. Sin embargo, los estudiantes piden celeridad para que la ley pueda ser aplicada a tiempo y cumpla con su objetivo.
“También pedimos que se respete lo establecido en la ley, la reglamentación tiene que disponer los mecanismos para la ejecución y no que vaya en contra de los principios de la ley”, insistió.
El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 6628/20, que establece la gratuidad de los cursos de admisión y de grado en todas las universidades públicas del país, Bellas Artes y los institutos nacionales de educación superior y de formación docente dependientes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).
También puede leer: Exigen reglamentar arancel cero
La normativa fue aprobada en el Congreso Nacional luego de algunas modificaciones. Se solventará mediante recursos del Fondo de Excelencia, con parte de los fondos del Tesoro Nacional y otra pequeña parte del dinero de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).
Desde el principio del tratamiento de la normativa los estudiantes realizaron varias manifestaciones a modo de presión al Poder Legislativo, no obstante, el tiempo que duró el estudio en las cámaras y la mora en su reglamentación ponen en riesgo de que la ley no entre en vigencia este año.
