En los recientes días de frío se llenaron estos refugios. En Capital, se encuentra en la Costanera de Asunción. Es para personas en situación de calle o en estado de vulnerabilidad, como se llama a quienes viven desprotegidos, abandonados, hambrientos, olvidados, marginados, o sumidos en el consumo de drogas o con problemas de salud mental. Hablamos de adultos mayores, de jóvenes, mujeres y niños, indígenas y no indígenas, campesinos y citadinos, migrantes.
Hablamos de seres humanos con derechos para los que el Estado debe ofrecer respuestas y, si el sector privado quiere apoyar, mejor aún. Es un área en el que los empresarios bien podrían dirigir sus programas de responsabilidad social.
Disponer de estos albergues para los días fríos está muy bien, considerando que a todas las necesidades sin resolver que llevan encima estas personas, se le suma la del abrigo, la de sentirse guarecido ante las bajas temperaturas, alimentarse con comida caliente y dormir en un lugar donde no se sienta frío.
Ahora bien, qué pasará cuando pase este tiempo en que ocasionalmente tienen a dónde acudir. Cuál es el plan integral, a mediano y largo plazo, con abordaje interinstitucional y enfoque de derechos pensado para resolver el problema de las personas en situación de calle.
Algunas de las que fueron recogidas y conducidas al albergue de la Costanera padecen de trastornos mentales o ya no se valen por sí mismas para cuidarse. Especialmente las de la tercera edad. Otras necesitan desintoxicarse y acceder a oportunidades para aprender un oficio, trabajar y salirse de la adicción al crac, principalmente los jóvenes. Los niños no están escolarizados y precisan protección, como personas en pleno desarrollo que son. ¿Qué se tiene pensado para todas ellas?
El operativo invierno debería servir no solo para entregarles un abrigo y alimentar cuando el termómetro marque menos de 10 grados, sino como oportunidad para conocer a cada uno de estos moradores de la calle que la mayoría de los que andan por el centro de Asunción y otras ciudades vecinas conocen por zombies, chespis, o simplemente no los ven. Las instituciones vinculadas al área social deberían elaborar fichas, hacer un seguimiento de la situación personal de cada uno y activar acciones que busquen sacarlos de la marginalidad en que se hallan y ofrecerles una oportunidad cierta para acceder a programas de largo aliento que busquen, efectivamente, una vida digna.
En este esquema tienen que estar involucrados no solamente el gobierno central, sino las municipalidades. A los programas sociales deben destinarse los fondos necesarios para que alcancen resultados. Si la mirada fuera “ni una persona por perdida”, como es el lema del Ministerio de Desarrollo Social del Uruguay, posiblemente el enfoque de las tareas sería otro. Nuestras autoridades deberían poner el foco en lo que están haciendo los uruguayos. El gobierno de este país anunció que aumentará a 20 millones de dólares el presupuesto destinado a afrontar las causas que están detrás de las personas en situación de calle que presenten trastornos de salud mental o usen drogas de forma problemática. Habilitaron tres nuevos centros para atención de la gente afectada por esta situación donde ofrecen resguardo, atención psicológica y psiquiátrica, alimentación y atención médica en general, de lunes a domingos y 24 horas. Apuntan a romper con la naturalización de que existan personas viviendo en la calle. Durante la noche, los usuarios cuentan con un lugar para el pernocte y, durante el día, reciben atención integral orientada a su inclusión social. Es decir, una política de estado que no es paliativa ni está sujeta al termómetro, como en Paraguay.
