El fiscal Juan Daniel Benítez, quien cumple funciones en la Unidad Penal N° 2 de Santa Rosa del Aguaray, fue grabado cantando la polca Colorado en un evento privado. El video lo muestra cantando a dúo con la intendenta de Santa Rosa del Aguaray, del sector cartista de la ANR.
Además de comprometer gravemente su independencia de criterio como fiscal, Benítez generó una fuerte indignación al ordenar la liberación de Derlis Adilson Dávalos Arteta, detenido por un caso de violencia familiar. Tras abandonar el calabozo, Dávalos asesinó a su ex pareja, Antonia Salinas (28), propinándole varias puñaladas.
Como consecuencia, la Fiscalía ha abierto dos sumarios administrativos al agente fiscal Juan Daniel Benítez. El primero, por su participación en un “evento político-partidario y actos públicos que comprometen la imagen institucional”; el segundo, por la “presunta comisión de faltas en el marco de una causa penal por violencia familiar” que culminó en un feminicidio.
Según las expresiones de la senadora Esperanza Martínez, “existe una subordinación del Poder Judicial a los sectores políticos y económicos”, y el caso del fiscal genera mucha preocupación. “Queremos mandar a este señor al JEM, porque, en primer lugar, no debe hacer política partidaria, parece que se burlara de nosotros. Si continúa la impunidad del Poder Judicial, tendremos muy poca credibilidad como país”, afirmó.
El caso del fiscal de Santa Rosa del Aguaray cantando la polca del Partido Colorado infringe normas establecidas y de la ética personal. La Ley 1562/00 Orgánica del Ministerio Público prohíbe a los agentes fiscales participar en actividades políticas para garantizar una Justicia independiente y que no se vea comprometida por intereses políticos o económicos.
Es fundamental que la intervención logre esclarecer las graves acusaciones contra el fiscal Benítez, quien, además de haber comprometido su autonomía, debe enfrentar el hecho de que con su decisión puso en libertad a una persona violenta.
Lamentablemente, las afirmaciones de la senadora Esperanza Martínez sobre la subordinación del Poder Judicial parecen ciertas; recordemos la situación creada a principios del año, cuando una serie de chats destapó un presunto esquema de favores, coimas y corrupción pública. Luego, el diputado colorado cartista Orlando Arévalo presentó denuncia en contra del juez Osmar Legal, por prevaricato y otros delitos, Legal había investigado los chats del teléfono del fallecido diputado Eulalio Lalo Gomes, asesinado en agosto de 2024, durante el allanamiento de su residencia, durante el Operativo Pavo Real.
En el año 2022, ÚH había publicado una investigación periodística que reveló la alevosa falta de independencia del Poder Judicial. El trabajo periodístico develó que, del total de 12.448 trabajadores del Poder Judicial, incluidos funcionarios y magistrados, 8.568 son colorados, lo cual representa casi un 70% de todo el funcionariado judicial. Asimismo, que de 942 magistrados (754 jueces y 188 camaristas), un total de 369 están afiliados a la Asociación Nacional Republicana, ANR, Partido Colorado. Esto quiere decir que el 39% de los magistrados paraguayos son colorados.
Otro punto señalaba que, de los funcionarios judiciales afiliados a la ANR, un total de 4.546 habían votado en las elecciones internas del Partido Colorado el 20 de junio de 2021, con miras a las municipales de octubre de aquel año, lo que era una violación del Código de Organización Judicial.
Una Justicia que es influenciada por los poderes políticos nunca será una Justicia independiente. Los paraguayos no debemos renunciar al anhelo de una justicia independiente, neutral y justa.
