Este año 2026 emerge como un periodo de transición crítica que, sin duda, pondrá a prueba la madurez institucional del país. Las elecciones municipales, un proceso democrático fundamental para el desarrollo local, así como las políticas públicas con cercanía al pueblo, plantean la urgencia de gestionar acciones que beneficien a las personas en un contexto marcado por profundos déficits y muchas necesidades. La contienda por los gobiernos municipales no debe degradar aun más de lo que ya está la administración del sector público.
Paraguay enfrenta una coyuntura particular. Por un lado, arrastra desafíos estructurales: una presión constante sobre las finanzas municipales, la falta de políticas públicas municipales en todos sus ámbitos de competencia, una gestión ineficiente y de baja calidad, corrupción, y una demanda ciudadana creciente por servicios básicos en educación, salud, protección social, cuidados, vivienda, calles, transporte público, basura, agua y saneamiento, que deberían ser garantizados por los gobiernos municipales.
La irrupción de la campaña electoral municipal introduce una variable de alto riesgo. En el pasado, las elecciones municipales han estado marcadas por una lógica cortoplacista. La competencia por más de 250 municipalidades tiende a fragmentar la agenda nacional y a reconfigurar las prioridades de los actores políticos, no siempre en beneficio del interés general. El riesgo es que la gestión de los municipios salientes, e incluso la del gobierno central, se paralice o se distorsione por la dinámica electoral.
El primer y más grave desafío es la instrumentalización de los recursos y programas públicos con fines electoralistas. El uso prebendario o clientelar de los recursos públicos es una amenaza conocida.
El segundo desafío es la parálisis y la desviación de las agendas gubernamentales debido a la ausencia de una carrera del servicio civil y del elevado nivel de partidización de los funcionarios públicos. Esto deriva en el desvío de tiempo de trabajo financiado con los impuestos de la gente que debería destinarse a los objetivos de las políticas nacionales, departamentales y municipales hacia actividades electoralistas.
Es más, el periodo electoral puede incluso erosionar aún más la profesionalización del servicio civil. Si las elecciones municipales vienen acompañadas de designaciones políticas en las gobernaciones y municipalidades, donde cuadros técnicos son reemplazados por militantes leales, se debilita la institucionalidad, afectando a la implementación de políticas que requieren especialización y permanencia. Se instala la idea de que los cargos públicos son botines político-electorales y no puestos de trabajo al servicio de la ciudadanía.
Cuando el foco de la clase política se desplaza hacia las campañas, encuestas y alianzas, las necesidades de largo plazo de la gente quedan relegadas a un segundo plano. La campaña se convierte en un espectáculo de grandes promesas y ataques personales, mientras que los problemas continúan y se profundizan.
Las elecciones municipales de 2026 no son un paréntesis en la vida nacional; son un reflejo de la calidad de la democracia. La posibilidad de que se conviertan en una feria de prebendas, promesas vacías y abandono de la gestión es real y tiene consecuencias graves, ya que se profundiza la desconfianza ciudadana, se despilfarran todo tipo de recursos y se invisibilizan los problemas reales.
Este ciclo electoral puede representar una oportunidad para demostrar que es posible competir por el voto con propuestas serias, que los recursos públicos son intocables, y que la función de gobernar no se suspende para hacer campaña. Los discursos y programas de campaña deben ser capaces de recoger las demandas y necesidades ciudadanas, y plantear soluciones viables y, sobre todo, esperanzadoras, en un país que todavía tiene grandes déficits de bienestar y donde los gobiernos municipales no han podido ejercer las competencias y roles que la Constitución y las leyes le confieren.
La verdadera prueba no estará en ganar votos, sino en demostrar que la política puede ejercerse con responsabilidad, incluso en año electoral.
