“No vamos a emitir licencias de matrimonio hoy, así que pueden irse”, dijo Kim Davis a dos parejas gais que se acercaron a la corte del pequeño condado de Rowan, en el sureño estado de Kentucky, para pedir a la funcionaria, de confesión cristiana, que emita el documento judicial que les permitirá casarse.
“Lo hago bajo la autoridad de Dios”, destacó Davis ante el amplio elenco de periodistas que acompañó a la pareja y preguntó a la mujer cuál era la autoridad que le permitía negarse a emitir las licencias matrimoniales, según muestran vídeos difundidos por medios locales.
Davis decidió dejar de emitir cualquier licencia de matrimonio en junio, cuando el Supremo falló a favor de la legalización de las uniones entre personas del mismo sexo en todo el país, lo que supuso una decisión histórica que anuló la potestad de los estados para prohibir el casamiento entre homosexuales.
Así, el matrimonio homosexual se convirtió en un derecho constitucional en Estados Unidos, obligando a los trece estados del país que entonces aún lo prohibían, entre ellos Kentucky, a permitir que las personas del mismo sexo puedan unirse legalmente.
Cuando el gobernador del estado, el demócrata Steve Beshear, ordenó a los juzgados emitir licencias de matrimonio, la funcionaria decidió interponer una demanda en una corte federal, argumentando que sus creencias religiosas deberían de excluirla de tener que cumplir con esa obligación.
Davis llegó hasta el Supremo, que este lunes le ordenó que, de manera inmediata, comenzara a emitir licencias matrimoniales a todo tipo de parejas, homosexuales o heterosexuales, mientras la funcionaria seguía el proceso legal en instancias judiciales inferiores, algunas de las cuales ya han rechazado su causa.
Desde que se legalizara el matrimonio gay en junio, esta es la primera vez que un caso de este tipo llega al Supremo.
El asunto ha levantado una gran expectación entre detractores y defensores de estas uniones tanto dentro como fuera de la corte de Kentucky, a cuyos alrededores se agolparon dos nutridos grupo de manifestantes que gritaban, según su posición, "¡Alabado sea el señor!” o "¿Qué queremos? ¡Igualdad! ¿Cuándo la queremos? ¡Ahora!”.
La negativa de la funcionaria a emitir licencias matrimoniales supone un grave desafío a la autoridad del Supremo y, por ello, uno de los jueces de la corte de Kentucky citó a la empleada pública y a sus subordinados a una audiencia el jueves para tratar el asunto.
Mientras tanto, las parejas que quieren obtener sus licencias han pedido al juzgado del condado de Rowan que multe a la funcionaria y la sancione por desacato.
La negativa de la funcionaria sitúa en el centro del debate las premisas que amparan las leyes de “libertad religiosa”, aprobadas por estados conservadores en el último año y por las que trabajadores pueden ampararse en su fe para negar un servicio a una persona por el mero hecho de ser gay.
La decisión del Supremo puso fin a estas leyes, pero con su negativa a casar parejas gais algunos funcionarios locales han tratado de mantener vivo el debate sobre el matrimonio homosexual, que encuentra sus mayores opositores en grupos de presión cristianos conservadores, como el Consejo de Investigación Familiar (FRC).
