El próximo domingo se realizan las elecciones municipales en el contexto de la pandemia del Covid-19, que arrastró al país a una crisis social y económica con un tendal de más de 16.000 muertos. Si bien es cierto que bajó la presión de la epidemia, aún quedan en el ambiente los efectos devastadores de la crisis sanitaria. Está por verse si el manejo de la situación tendrá consecuencias para el partido de Gobierno, la ANR.
Dícese que las elecciones municipales son las más importantes porque son las más cercanas al ciudadano por la vinculación directa, especialmente en un país donde no existen grandes metrópolis. Además de Asunción, Ciudad del Este y algunas ciudades de Central –como Luque y San Lorenzo–, en el resto de los municipios, la densidad poblacional no es tan alta, lo que permite acortar la distancia entre el elector y su intendente.
Esta característica supone una mayor calidad en el control y fiscalización de los ciudadanos de sus autoridades municipales, lo que obligaría a los intendentes a ser eficaces, transparentes, honestos. Sin embargo, el panorama muestra todo lo contrario. Muchos que buscan la reelección no solamente son acusados por su ineficacia, sino por su corrupción. Día a día, los medios publican los casos escandalosos de apropiación del dinero público, vinculación al narcotráfico y la opacidad de sus administraciones.
LOS MISMOS PROBLEMAS. Si bien los problemas municipales son locales, la creciente urbanización exige soluciones de fondo que van mucho más allá de cada ciudad. Por citar nada más algunas problemáticas, como el transporte público, el manejo de la basura o la inseguridad ciudadana. Ningún intendente logrará la solución si pensara solamente dentro de los acotados límites de su municipio. Es un drama que requiere una visión común de las ciudades colindantes, especialmente Asunción y el área metropolitana. Han pasado 30 años desde la caída de la dictadura, cinco administraciones, y hasta el momento no hay proyectos comunes que desaten los grandes nudos de las ciudades hermanadas por sus límites. Por citar una nimiedad que pinta de cuerpo entero el cuadro: las calles limítrofes entre una ciudad y otra son las peores porque ningún intendente quiere hacerse cargo de su reparación.
MISMO TELÓN DE FONDO. A pesar del sabor local de estas elecciones, la crisis de la calidad de la representación es la misma. Empezando por la exasperante corrupción de la mayoría de los intendentes que hacen vito con los royalties y Fonacide que se les asigna periódicamente. Datos de Hacienda señalan que en los últimos seis años, los gobiernos de turno destinaron más de 451 millones de dólares en transferencias a gobernaciones y municipalidades para la educación. Pero las instituciones educativas están en paupérrimas condiciones y las ciudades cada vez más caóticas. El Fondo de Inversión Pública y Desarrollo –más conocida como Fonacide– está creando una nueva generación de ricos, gracias al manotazo a los fondos destinados a la educación. Son la réplica de los barones de Itaipú, aquellos ultrarricos que surgieron con la construcción de la hidroeléctrica, gracias a la digitación de Stroessner.
La Fiscalía co-optada por el poder político y la Justicia sometida “no encuentran las pruebas” para encarcelar a los intendentes corruptos, excepto a unos pocos que no llegan a 10. El resto chicanea mientras busca su reelección, gracias a sus padrinos políticos y la disciplina y fidelidad de sus votantes co-optados por el sistema prebendario y clientelar.
La transparencia es una palabra inexistente. Las autoridades directamente hacen caso omiso a la ley. Facturas falsas, obras fantasmas, pagos irregulares, obras que caen a pedazos caracterizan a la mayoría de los intendentes. Tan internalizado tienen el secretismo que cuando se les exige rendición de cuentas se sienten ofendidos. Y cuando finalmente muestran las cuentas, lo consideran como un favor y no como obligación.
Otra grave problemática que conspira contra la eficacia es la superpoblación de funcionarios municipales, una trampa letal para la gestión, ya que engulle alrededor del 70% de los ingresos municipales.
El narcotráfico es otro grave problema porque las concejalías e intendencias son la puerta de entrada a las grandes ligas de la política. Es el trampolín para integrar el Congreso y desde allí mover los hilos para influenciar en el Ministerio Público y el Poder Judicial. Estos días violentos revelan el esquema de sicariato y resolución de disputas políticas (y negocios) a balazos: varios candidatos a intendentes y concejales fueron asesinados en zonas fronterizas vinculadas a las drogas. Y este no es un problema judicial, sino de la supervivencia de la democracia misma.
El debate municipal se centra en los baches, la inseguridad, el caos del tránsito o la recolección de la basura. Son problemas reales, tangibles, que exigen soluciones inmediatas, pero como puede verse, la cuestión es mucho más profunda. Porque en cada municipio –según la decisión de sus ciudadanos– la política puede depurarse castigando a los corruptos, eligiendo a los más decentes; o corromperse definitivamente, votando por el narcopolítico, al ladrón de Fonacide, al prebendario irredimible.
Detrás de cada elección local se define el modelo de país.
