El Tribunal Administrativo Regional de Piamonte (norte de Italia) ha fallado a favor del denunciante y el Estado deberá indemnizarle con 10.000 euros más las costas procesales, según se lee en la sentencia.
El agente trabajaba en la cárcel de Vercelli (norte) y se le inició un expediente disciplinario después de que dos presos aseguraran que este les había propuesto mantener relaciones sexuales.
Las autoridades de la penitenciaría trataron este asunto con el acusado y después ordenaron un examen psiquiátrico para verificar “su personalidad”, aunque el denunciante asegura que las pruebas y sus preguntas pretendían esclarecer su orientación sexual.
El examen psiquiátrico se efectuó en Milán (norte) y concluyó que el agente era “idóneo” para el trabajo que desempeñaba, por lo que el expediente disciplinar fue inmediatamente archivado.
No obstante, el hombre quedó marcado por estos hechos, sobre todo entre sus compañeros, por lo que tuvo que pedir el traslado de la cárcel de Vercelli, y en 2022 decidió denunciar su situación.
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El Tribunal ha considerado que la decisión de someterle a una prueba psiquiátrica es “arbitraria y exenta de un válido soporte jurídico, técnico y científico” ya que su mera realización presupone que la homosexualidad pueda ser un “problema de personalidad”.
