20 abr. 2024

Un patrón de conducta

Estela Ruiz Díaz

“A mí no me llegó esa carta, y si me hubiese llegado no le iba a dar 500.000 dólares, sino cinco millones de dólares”. Así dijo Horacio Cartes a la dirigencia de base que fue a darle su apoyo incondicional el martes en su principesca mansión, horas después del impactante pedido de la Justicia brasileña que solicitó su detención en el marco de la investigación del Lava jato y específicamente del caso Darío Messer, su hermano del alma detenido en Brasil. Se refería a la supuesta carta del “doleiro”, quien, estando prófugo y a través de un emisario, le pidió medio millón de dólares para sus gastos judiciales, según la Fiscalía del vecino país, y que el ex presidente niega haber recibido.

Con esa frase, Cartes buscaba amortiguar ante sus seguidores el golpe de la Justicia brasileña, que ese día emitió una orden de detención en su contra, causando susto e incertidumbre en su entorno familiar, empresarial y político. Tanto fue el impacto que salieron a defenderlo con fantasiosos argumentos el senador Tony Barrios, quien alegó una “cortina de humo” para desviar las noticias de las apuestas deportivas contra el olimpista Marco Trovato, denunciadas por el conglomerado mediático de Cartes. El ex precandidato presidencial Santiago Peña lo elevó a los altares y denunció una conspiración imperial bandeirante. Otros como Pedro Alliana y Bachi Núñez lo blindaron con tres fueros: como ex presidente, como senador electo, como senador vitalicio y ciudadano, y así evitar su extradición.

La Operación Patrón (bautizada así por la forma en que supuestamente Messer se dirige a Cartes) tiene al ex presidente paraguayo como una de las figuras principales entre otros connacionales. Se lo menciona como parte de una red criminal de lavado de dinero y en medio de esta trama se lo acusa de ayudar a Messer a evadir la Justicia y escapar del país. De hecho, el cambista de los cambistas estuvo 14 meses prófugo, desde mayo del 2018 (tres meses antes de finalizar su mandato) hasta julio del 2019.

Más allá de la carta, la bomba que provino del Brasil no hace sino confirmar las amplias libertades que tuvo Messer para seguir en Paraguay sus negocios ilícitos importados desde el Brasil gracias al amparo y la protección de instituciones que debían vigilarlo, denunciarlo y encarcelarlo. Según investigaciones, Messer lavó en el país 100 millones de dólares a través de cuatro empresas operando tranquilamente en el sistema financiero, inclusive con el banco estatal. La Seprelad ocultó deliberadamente los datos al Ministerio Público, cuyo titular hasta hoy no fue molestado por ningún fiscal. Por ello, el problema de Cartes no es si la carta es original o no, si llegó o no hasta él. Lo que aquí está en debate es cómo un delincuente internacional hizo lo que hizo bajo el paraguas político. Es lo que está empezando a pagar.

El caso Messer generó tal sorpresa que en el entorno cartista no pueden definir si es una acción independiente de los investigadores del Lava Jato o si hay una decisión política para frenar el contrabando de cigarrillos al Brasil. “No descartamos que esté detrás la poderosa industria tabacalera brasileña”, admitió un cercano a Cartes. “No sabemos si es una jugada de alto nivel o un hecho aislado”, acotó inmerso en la incertidumbre.

Y en ese mar de desasosiego caminan en la cornisa. No saben cómo lidiar con la Justicia brasileña que ya mostró su naturaleza al rechazar el hábeas corpus que interpuso, con lo cual sigue vigente la orden de detención.

De hecho, ni siquiera mostraron ansiedad por detener al ex presidente. Lo dijo con todas las letras el fiscal brasileño Stanley Valeriano, quien comentó que se activó el código rojo a nivel internacional, pero no fue enviado a las autoridades paraguayas. ¿Por qué? Porque no tienen confianza en las instituciones. “No creemos que lo extraditen”, dijo sin dramatismo y acotó que no podrá salir al exterior, es decir, Cartes está preso dentro del país.

CASOS SIMILARES. Antes del tsunami cartista y la detención de la ex diputada colorada Cynthia Tarragó y su esposo en Estados Unidos cazados por el FBI por lavado de dinero, las noticias giraban en torno a las denigrantes y detalladas historias de abuso de la usura de Ramón González Daher, quien desde el 15 pasado guarda reclusión compartiendo celda con su hijo.

Más que nunca, la Fiscalía General del Estado está bajo la lupa y Sandra Quiñónez, puesta en el cargo por Cartes, sigue sin reaccionar con la contundencia que exige la historia. La burocrática decisión de enviar una comitiva fiscal al Brasil es una medida liviana, casi temerosa, ante la magnitud del escándalo.

La cada vez más sospechosa demora para convocar al ex titular de la Seprelad, Óscar Boidanich, un acto clave para explicar los cajoneos del caso Messer, también es otra fuerte crítica.

La prisión de Ramón González Daher, la orden contra Cartes y la detención de la ex diputada Tarragó en EEUU coinciden con la visita de la misión de Gafilat, que examinará al país con respecto al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y de cuyo resultado depende que retorne o no a la lista gris. ¿Es mera casualidad o están conectados los casos? No hay respuesta concreta, pero la coincidencia despierta todo tipo de conjeturas.

Lo que sí queda claro es que las acciones que llegan desde EEUU y Brasil confirman una vez más cuán colonizado está nuestro sistema de justicia.

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