Casi diariamente leemos y escuchamos sobre el interés de inversionistas extranjeros de invertir en el Paraguay. Nos visitan y se comenta sobre proyectos importantes en diversos sectores.
En términos simples, queda claro que la conjunción de dos elementos han sido claves para que el país haya roto ese estancamiento tan perjudicial que tuvimos durante más de dos décadas desde mediados de los 80.
Por un lado, la coyuntura internacional fue muy favorable en varios sentidos, pero particularmente por el espectacular crecimiento de la demanda de alimentos que nosotros somos capaces de producir –limitados aún en dos grandes rubros– con un alto nivel de productividad y calidad.
Por el otro, nuestro manejo macroeconómico ha sido por lo general ordenado y previsible, permitiendo mostrar al mundo esta exigencia con mayor proactividad.
De esta manera se van generando oportunidades muy atractivas que pueden dar un impulso significativo al proceso de desarrollo de nuestro país.
Sin embargo, aprovechar estas oportunidades implica necesariamente apostar fuerte y con urgencia hacia un nuevo tipo de funcionamiento de nuestro Estado.
El que tenemos ha quedado obsoleto y responde a una lógica y práctica política anclada en el pasado, donde el nepotismo, el tráfico de influencias, el clientelismo y las prebendas limitan seriamente la posibilidad de obtener resultados positivos.
Es realmente indignante ver la forma en que se ha construido desde hace muchos años el sistema de incentivos para trabajar en la función pública y hoy debemos sufrir las consecuencias.
Pero más allá del costo directo que esto implica para todos los ciudadanos –los gastos corrientes llevan hoy el 90% de los ingresos del Estado–, probablemente el costo mayor sean en realidad la incapacidad, la ineficiencia y la corrupción, producto del nefasto sistema montado.
No sería justo generalizar, obviamente, pero la forma en que está organizado nuestro servicio público no ha generado lamentablemente una masa crítica capaz de hacer funcionar el Estado de manera a crear condiciones favorables para el desarrollo.
Esta realidad la sufrimos prácticamente en todas las instituciones públicas, aunque en diferente medida.
En este momento, por ejemplo, por una coyuntura agravada, el contrabando se ha constituido en un problema crítico y pone en riesgo muchos empleos formales. Sin embargo, las instituciones encargadas de combatirlo son incapaces de hacerlo con una mínima de eficacia.
En otro ámbito de acción, el país cuenta con una interesante liquidez para impulsar proyectos que puedan seguir dinamizando la economía y, sobre todo, mejorar nuestra infraestructura básica. Pero tenemos serios problemas y limitaciones para la ejecución de proyectos.
En cuanto a los gobiernos locales, nuestros municipios y gobernaciones han venido recibiendo en la última década importantes recursos de capital en concepto de royalties de Itaipú (alrededor de USD 3.000 millones), pero no se ha visto la contrapartida en obras de importancia, en las que deberían invertirse por ley estos recursos.
Nuestro capital natural se viene deteriorando aceleradamente y nuestras instituciones carecen de la capacidad de control para ordenar y promover modelos de desarrollo más sostenibles.
Paraguay ha empezado a mirar hacia afuera y eso es auspicioso, pues es una condición fundamental para el desarrollo de un país pequeño e históricamente muy aislado.
Pero también debemos mirar críticamente hacia adentro, hacia el funcionamiento tan disfuncional de nuestro Estado. Y, por supuesto, encarar con coraje las reformas que hagan falta.
No debemos olvidar que las instituciones son absolutamente claves para el desarrollo.