La incautación de 90 toneladas de cebolla y la estigmatización del productor generan preocupación en el sector, que exige controles fronterizos efectivos y respeto a los trabajadores legítimos. En este sentido, desde la Unión de Gremios de la Producción (UGP) levantaron su voz en defensa del productor de cebolla del Chaco, denunciando lo que consideran una persecución injusta por parte de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).
En una entrevista con radio Monumental 1080 AM, el ingeniero Héctor Cristaldo, presidente de la UGP, expresó este viernes su preocupación por la situación que atraviesa un reconocido productor chaqueño, Herbert Hiebert Falk, conocido como Cebolla, propietario de la firma Última Esperanza.
Según Cristaldo, las autoridades etiquetaron al productor como contrabandista sin pruebas sólidas que respalden dicha acusación. Añadió que Hiebert, con más de 30 años de trayectoria en el sector y propietario de equipos agrícolas de primer nivel, fue señalado de manera irresponsable, lo que podría generar un estigma difícil de revertir. “Fue muy irresponsable calificarlo así. Merece respeto”, afirmó Cristaldo, calificando la trayectoria del productor como “intachable”.
El pasado 16 de octubre, agentes de la DNIT, en conjunto con la Policía Nacional, incautaron un total de 2.945 bolsas de cebolla, equivalentes a aproximadamente 90 toneladas, además de dos camiones de gran porte, tanto en la vía pública como en la propiedad de Hiebert.
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Las autoridades basaron su intervención en el hallazgo de bolsas con etiquetas de origen brasileño, provenientes de Minas Gerais, las cuales consideran una prueba definitiva de contrabando. Sin embargo, Cristaldo cuestionó la lógica de esta acusación: “No hay lógica económica ni operativa en esas etiquetas. Son denuncias falsas, basadas en rumores”.
El representante de la UGP señaló que las acusaciones podrían estar motivadas por intereses comerciales de terceros. Según Cristaldo, el caso habría surgido a raíz del “malestar de una persona que está perdiendo mercado”, quien habría proporcionado información falsa a las autoridades. “Pasaron un parte falso a las autoridades, y creemos que Óscar Orué (titular de la DNIT) y otros funcionarios actuaron basados en esa información”, expresó.
Cristaldo enfatizó que el combate al contrabando debe enfocarse en los puntos de ingreso en las fronteras y no en el interior del país, donde los productores locales, como Hiebert, desarrollan su actividad de manera legítima. “El contrabando es una lacra que genera competencia desleal y no aporta ingresos al país, pero no podemos permitir que se persiga a productores honestos basados en rumores”, añadió.
El decomiso de las 90 toneladas de cebolla representa un duro golpe para Hiebert y su empresa, Última Esperanza, que forma parte de una cooperativa de productores en el Chaco. Cristaldo destacó el rol de estos productores como “colonos” que trabajan la tierra de manera legal y contribuyen significativamente a la economía local. “La tierra y la producción son de la cooperativa. No podemos quedarnos con el chisme”, insistió.
El titular de la UGP manifestó así su respaldo al productor afectado e instó a las autoridades a realizar una investigación exhaustiva y transparente para esclarecer los hechos. Asimismo, solicitó que se revisen los procedimientos de control y que se evite criminalizar a los productores sin pruebas contundentes.
El ingeniero sostuvo además que la situación de Herbert Hiebert Falk pone en evidencia la necesidad de mejorar los mecanismos de fiscalización en el país, garantizando que las acciones contra el contrabando no afecten a los productores legítimos.
Reiteró su compromiso con la lucha contra el comercio ilegal, pero exige que las autoridades actúen con responsabilidad y basen sus intervenciones en pruebas verificables, evitando dañar la reputación y el sustento de quienes trabajan honestamente en el sector agrícola.
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