UE aprueba normas para proteger a los denunciantes de delitos

Propuesta por la Comisión Europea después de escándalos como los de los Papeles de Panamá o Cambridge Analytica, la legislación se aplicará, entre otros ámbitos, en la lucha contra el blanqueo de capitales, la contratación pública, la seguridad alimentaria o nuclear, la salud pública o la protección de datos.

El secretario de Estado de Justicia español, Manuel Jesús Dolz, explicó hoy a EFE que se trata de establecer "un marco europeo" que después los Estados miembros deberán adaptar a sus legislaciones nacionales.

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"En España ya estamos trabajando para otorgar una mayor protección al denunciante en general, y en especial en este tipo de delitos, porque se ha demostrado que los que se atreven a dar ese primer paso de denunciar las prácticas corruptas en su empresa o a nivel de organismos públicos o de administraciones sufren un auténtico calvario posterior", dijo Dolz.

Con ello se evitarán las "represalias", señaló.

En la actualidad, la protección de los denunciantes de infracciones en la UE es desigual y en general se aplica únicamente a determinados sectores o categorías de empleados.

Entre otros elementos, la normativa europea establecerá cauces de denuncia seguros dentro de las propias organizaciones y en la comunicación con las autoridades públicas.

Las empresas públicas y privadas con más de 50 empleados deberán crear un procedimiento interno para gestionar las denuncias dentro de las mismas y mantener la confidencialidad de los delatores.

Las normas también se aplicarán a las administraciones nacionales, que establecerán canales de notificación externos e independientes.

Los denunciantes elegirán si deciden recurrir a los cauces internos o externos.

La directiva contempla la posibilidad de revelar la información públicamente, en los medios de comunicación, por ejemplo, si no se adoptan medidas adecuadas tras la notificación a través de otros canales, o en caso de peligro inminente o manifiesto para el interés público o daños irreparables.

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Además, las normas protegerán a los denunciantes frente al despido, la degradación y otras formas de represalia y exigirán a las autoridades nacionales informar a los ciudadanos sobre los procedimientos de denuncia de infracciones y la protección a la que pueden acogerse.

Los denunciantes también estarán protegidos en los procedimientos judiciales.

La directiva entrará en vigor 20 días después de su publicación en el "Diario Oficial" de la UE y los Estados miembros tendrán dos años para adaptarla a sus ordenamientos jurídicos.