Según informa la PGR, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial Sexta Sala de la capital falló a favor del Estado en un juicio de determinación judicial de precio iniciado por el ex propietario de un inmueble expropiado.
El afectado había exigido al Estado G. 10.456.364.881 en concepto de indemnización, por la expropiación de un inmueble situado en Coronel Oviedo y cuya franja de dominio fue recientemente liberada para continuar las obras de duplicación de las rutas PY02 y 07.
El Tribunal decidió revocar una resolución dictada el 22 de diciembre del 2020, por el Juzgado de Primera Instancia, que imponía el pago al Estado. Con la nueva medida judicial se logra ahorrar más de G. 8.600.000.000, según la Procuraduría.
La acción contra el Ministerio de Obras Públicas fue promovida por un ciudadano identificado como Roosevelt César Benítez Molinas. En los casos promovidos contra el Estado, la PGR es la que ejerce la defensa.
