El Tribunal de Apelación integrado por Carlos Ortiz Barrios, Emiliano Rolón Fernández y Arnulfo Arias Maldonado confirmó la pena establecida a Luis Alberto Riart en julio del año pasado, de tres años de cárcel, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.
Fue hallado culpable del delito de lesión de confianza en el caso de la compra del edificio Excelsior, durante su administración en el Ministerio de Educación. El inmueble fue adquirido en el año 2009.
También se ratificó la condena de dos años para el coprocesado Luis Fretes, el ex coordinador de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), y se anuló la absolución del abogado Marco Antonio Ferreira, ex asesor jurídico, que había recibido por no probarse que haya estado en el proceso de la compra.
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De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, pese a que la Dirección de Contrataciones Públicas señaló que todos los documentos estaban en regla, no cumplieron con la urgencia de la habilitación y la titulación del edificio. Asimismo, que el precio pagado era superior a la tasación.
Sin embargo, Riart recibió la condena pese a que se comprobó que la compra del edificio fue legal. No hubo sobrefacturación y el proceso no fue irregular, pero en su juicio oral y público el Tribunal sostuvo que se cambió la proforma del contrato y no se inició el juicio de obligación de hacer escritura pública.
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El ex ministro de Educación había manifestado en su alegato que la compra se hizo para no perder la asignación presupuestaria, y que fue dentro del rango de la tasación hecha por la Conavi. El plan era ahorrar unos G. 3.600 millones por año.
El caso
El edificio Excelsior, ubicado en 15 de Agosto entre Presidente Franco y Benjamín Constant, de Asunción, era propiedad de María Josefina Scavone. Estaba valuado en G. 12.579.600.000 y fue adquirido por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) en la administración de Luis Riart por G. 14.045.123.400, a modo de urgencia.
Debía albergar oficinas para unas 200 personas. Sin embargo, la Fiscalía constató en su momento que no había urgencia para la compra, y halló contradicciones en el proceso, debido a que primeramente se realizó la compra vía excepción y luego se llamó a licitación para la remodelación del edificio.
En el caso fueron investigados, además del ex ministro Riart, los ex funcionarios del MEC José López Pistilli, ex director de Administración y Finanzas; Marco Antonio Ferreira Basualdo, ex asesor de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), y Luis Fretes, ex coordinador de la misma unidad.
