El periodista Carlos Troche, implicado en el caso de producción de documentos no auténticos, dio su versión en contacto con Monumental 1080 AM y aseguró que nunca fue objeto de fiscalización por parte de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), ni fue investigado.
En ese sentido, detalló que solo se enteró que figuraba entre las 900 personas por utilizar facturas falsas. En su caso, el monto fue un poco más de G. 28.090.909.
“Nunca fui objeto de fiscalización por parte de la SET, nunca fue investigado ni denunciado. Incluso, es una cuestión que queda para ellos como una rectificación administrativa”, explicó y aseveró que un estudio contable es el encargado de llevar todas las documentaciones de su empresa y actividades laborales.
“El estudio contable lleva todas las documentaciones de mi empresa y de mis actividades laborales. En el estudio hay varios auxiliares y una funcionaria que era la responsable ya había salido por otras irregularidades”, puntualizó el periodista.
Continuó relatando que la propia dueña del estudio contable también estaba en la lista y que ella presentó una denuncia contra los responsables.
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Al ser consultado si realizará lo mismo, respondió que se encuentra analizando la situación y viendo la posibilidad de recuperar la plata que gastó en todo el proceso en el que estuvo envuelto.
Además, aclaró que siempre quiso salir a hablar y hacer público su caso, pero no lo hizo por algunas cuestiones jurídicas y por recomendaciones de su abogado, que le pidió guardar silencio hasta culminar el proceso.
Por último, reconoció que sigue emocionalmente muy afectado y que le costará mucho reponerse.
“Todavía sigo muy afectado emocionalmente. Yo siempre estuve muy seguro de mi inocencia. Me va a costar mucho reponerme, yo no fui el victimario, fui víctima”, concluyó.
En la causa del comunicador, también, estuvieron implicados los periodistas Yolanda Park y su pareja, Jorge Chipi Vera. Todos fueron beneficiados con el criterio de oportunidad y luego sobreseídos.
Los periodistas testificaron que no sabían lo que estaba pasando y que todos los documentos se encontraban en mano de sus contadores, por lo que aceptaron su culpa al no controlar esto y tuvieron que abonar una multa ante la SET.
