En la reunión fueron puestos en la mesa todos los puntos que hacen al paso de la Hidrovía Paraná-Paraguay y se resolvió que Paraguay mantendrá su postura al no peaje y a favor de la libre navegación.
De la reunión participaron el canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano; la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión; el presidente de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), Julio César Vera; y el titular del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay, (CAFyM), Raúl Valdez.
El canciller nacional manifestó que se mantendrán en su postura de que el país está reclamando un justo derecho ante una grave violación de tratados internacionales, por parte de la República Argentina.
Indicó que los cuatro países, que además de Argentina, forman parte de la Hidrovía Paraná-Paraguay plantean un reclamo justo, el cual debe ser considerado, pero que hasta el momento no lograron una respuesta favorable a la situación actual.
“Nosotros no vamos a agotar la vía del diálogo, obviamente ya estamos comunicando nuestro reclamo a nivel de Cancillería sobre la situación que se plantea en un escenario delicado. Argentina está, obviamente, sin la flexibilidad que correspondería para el tratamiento de estos temas, pero de ninguna manera vamos a agotar el diálogo con la firmeza y la convicción de que estamos reclamando un justo derecho de la República del Paraguay”, señaló.
Asimismo, recalcó que la situación de la administración de la Hidrovía es uno de los temas prioritarios de la agenda del Gobierno, por lo que, a la luz del resultado de la reunión que se hizo este jueves en la Argentina, compartieron la respuesta al sector privado, articulando las instituciones gubernamentales que forman parte de la responsabilidad de dicha administración.
“Vamos a arbitrar todos los medios legales para poder resolver de la manera más inmediata posible esta situación y en ese contexto agradecemos enormemente el apoyo del sector privado para poder llevar adelante esto, en una dimensión conjunta ordenada y coordinada del gobierno nacional y del sector privado”, sentenció.
Por su parte, la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, señaló que no hay absolutamente ninguna duda con respecto a la relevancia que tiene el tema de la Hidrovía, ya que es su principal bien estratégico.
Recalcó que apoyarán cualquier acción que tome la Cancillería y que colaborarán desde el MOPC con capacidades y evaluaciones técnicas referentes a la intervención que plantea el Gobierno Argentino.
“Lo vamos a defender, lo vamos a intervenir de manera que efectivamente los intereses de nuestro país estén resguardados ante estas situaciones. Compartimos y vamos a apoyar todas las acciones de Cancillería, sobre todo, dotando de todas las capacidades técnicas y evaluaciones técnicas también referentes a intervenciones que plantee el Gobierno argentino. Y bueno, por supuesto, no dejando de lado las ya constantes intervenciones que tenemos en términos de dragado y posicionar también las intervenciones a futuro en la Hidrovía, con distintas modalidades que vamos a estar evaluando posteriormente, a través de estar alineados con la estrategia del país”, señaló.
En tanto, el presidente del ANNP, Julio César Vera, destacó el eficiente trabajo que está realizando la Cancillería ante la violación flagrante al acuerdo firmado en Santa Cruz de la Sierra el 26 de junio de 1992, donde en los artículos 5 y 9 queda prohibido el cobro de forma unilateral de una tasa por servicio no prestado.
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Sostuvo que los demás países integrantes de la Hidrovía tienen una postura común frente al supuesto abuso del Gobierno del vecino país, pero espera que, con la buena fe de “los hermanos argentinos”, lleguen a un buen acuerdo.
“Creemos en la buena voluntad de los hermanos argentinos y con los estudios técnicos que tenemos, estamos en condiciones de refutar o por lo menos a una cuantificación correcta de los servicios que aparentemente pudieran ser prestados, lo cual ya no incluye el dragado. Se ha logrado eso, que Argentina reconozca que no existe el mayor costo por el trabajo que no ha hecho, pero con trabajo, dedicación y bajo el liderazgo de la Cancillería creemos que vamos a llegar a destino”, sentenció.
Para finalizar, el presidente del Centro de Armadores, Raúl Valdez, indicó que desde su perspectiva el tratamiento técnico ha concluido. Señaló que la Argentina, en nueve meses, no ha podido justificar el cobro del peaje, por lo que consideran que el cobro no se trata de un peaje, al no existir un servicio contraprestado, sino que es un impuesto al paso de los productos, en aguas jurisdiccionales en Argentina.
“En ese aspecto, creo que este gobierno está instalando el tema en el nivel que tiene que ser instalado y hemos acordado que vamos a mantener nuestra postura firme de que tenemos convicciones y fundamentos suficientes para refutar cualquier información de carácter técnico que pudiera presentar Argentina y de esa manera mantenernos en la postura de que tenemos que seguir peleando por los derechos (…) así que validamos muchísimo que esto se haya tratado en el más alto nivel político en estos momentos”, finalizó.
Las propuestas serán unidas y presentadas en la reunión del próximo 30 de agosto, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, donde se volverá a debatir el tema y donde se espera llegar a un buen puerto.
