La medida de fuerza se levantó cuando se reunieron las partes, con intervención del Coordinación Departamental de Educación y se llegó a un acuerdo de que se va solicitar una auditoria el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).
Padres y alumnos cuestionaron el paradero de los fondos obtenidos de la venta de rifas. Según la denuncia, la directora, de nombre Rosa Ortellado, habría obligado a los estudiantes a vender 20 boletos de sorteo.
Esta medida generó indignación entre los padres, quienes señalaron que la recaudación, que ascendió a unos G. 25 millones, no ha sido destinada a los fines anunciados, como la mejora del pabellón del tercer ciclo. Se pretendía equipar el pabellón con modernas instalaciones.
No obstante, los padres denunciaron que ni siquiera se adquirieron elementos básicos, como tizas, con el dinero recaudado, lo que los llevó a amenazar con cerrar la escuela de manera indefinida si no recibían respuestas claras de las autoridades.
La situación también destapó otras inquietudes relacionadas con la gestión de recursos en la escuela. Los padres exigieron transparencia en el uso del recurso de gratuidad otorgado por el MEC y solicitaron explicaciones sobre la distribución de 60 mesas y 100 sillas donadas por el municipio.
La directora, quien lleva cuatro años en el cargo, ahora deberá enfrentar una auditoría solicitada por los padres al MEC.
El equipo de Coordinación de Educación Departamental, encabezado por el asesor jurídico Edgar Báez y la supervisora de apoyo pedagógico Ada Garayo, mediaron en el conflicto. Tras una reunión con los afectados, se logró restablecer la actividad académica bajo el compromiso de que ninguna de las partes interrumpiría las clases hasta la finalización de la auditoría.
La auditoría abarcara las dimensiones pedagógicas y administrativas de toda la institución. Mientras dure ese procedimiento, la directora seguirá en el cargo.
