La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado presentará la próxima semana el listado final de postulantes a la Defensoría del Pueblo. Posteriormente, debe conformar las ternas, mientras que la Cámara de Diputados designará a las autoridades para el periodo 2026-2031.
Hace más de dos semanas culminaron las audiencias públicas con los candidatos a la Defensoría del Pueblo y luego de una pausa en el proceso de selección, con las elecciones municipales de por medio, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado informó que dictaminará la próxima semana el listado de las personas habilitadas.
A partir de allí, la Cámara Alta debe designar dos ternas: para defensor del Pueblo y adjunto para el periodo 2026-2031.
En total se inscribieron 67 personas, en su mayoría abogados para ocupar los cargos. Cada candidato y candidata defendió su postulación en una serie de audiencias públicas donde expusieron sus planes y postura sobre una reforma de la institución que tiene como funciones la defensa de los derechos humanos, la canalización de los reclamos populares y la protección de los intereses comunitarios.
Lea más: Expertos describen una Defensoría del Pueblo en deuda, marcada por el cuoteo y la intrascendencia
El 90% de los postulantes tienen afiliación colorada, en tanto que dos están en las filas del Partido Liberal Radical Auténtico: Miguel Ángel Stampf, director de la Policía Municipal de Vigilancia de Asunción, y Olga Paredes, miembro del Directorio del PLRA.
Stampf se había ausentado sin justificación de la audiencia pública en la que debía defender su candidatura.
El defensor Rafael Ávila busca su confirmación en el cargo, ya que actualmente completa el periodo de Miguel Godoy, quien renunció al cargo presionado por denuncias de corrupción.
La adjunta Natalia Beatriz Sosa se presentó para una reelección, pero en el proceso de reelección salió a la luz su afiliación colorada, cuando la ley la obliga a suspender su estatus partidario mientras se desempeñe en el cargo.
Otra llamativa candidata es Claudia Jessica Mosqueira Céspedes, quien se desempeñaba como jueza Penal de Garantías de la ciudad de Villarrica hasta diciembre de 2023, cuando el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) decidió removerla por incumplir su horario laboral.
Será la Cámara de Diputados la encargada de designar a las próximas autoridades a partir de las ternas presentadas por el Senado.
Si bien los órganos extrapoderes son reivindicados por la oposición, el cartismo demostró su intención de seguir copando espacios con la reelección de Camilo Benítez como contralor y la designación de Armindo Torres como subcontralor, desplazando así al liberal Augusto Paiva.
