A pesar de que ya pasaron tres meses del hecho, los mismos aún no fueron sometidos al proceso penal, ya que presentan incidentes dilatorios, explicó el fiscal de la causa Yoan Paúl López.
Ahora los empresarios del transporte Julio Santacruz Torres Gómez, Óscar Rufino Torres, José Osmar Torres Cañete y Julio Marcelo Torres Torres (Línea 36 Campo Limpio SA). Así como también las autoridades de la Línea 58 Capiatá SRL, Édgar Ignacio Jiménez Ayala, Roberto Fernando Jiménez Ayala, Víctor Hugo Jiménez Ayala y Myrian Graciela Jiménez Ayala, plantearon una acción de inconstitucionalidad contra la resolución del Tribunal de Apelación Penal, Cuarta Sala y del juez Gustavo Amarilla que admitieron la imputación contra los mismos.
En este caso se investiga a 18 personas vinculadas a 6 empresas, por los hechos punibles de documentos públicos de contenido falso, estafa y adquisición fraudulenta de subvenciones.
Según la investigación, se estima que un total de 123 buses presumiblemente irregulares de un parque de 259 habilitados, fueron beneficiados con el subsidio con constancias y certificaciones falsas.
