El comunicado del presidente Fernando Lugo a la opinión pública fue leído en conferencia de prensa por su jefe de gabinete, Miguel López Perito, quien además fue el encargado de elaborar el documento.
Uno de los pasajes ratificó que “los trabajos de campo encomendados a integrantes de la Fuerzas Armadas de la Nación en la zona en conflicto, se ajusta a la Ley N° 2532/05 de Seguridad Fronteriza y sus disposiciones reglamentarias consecuentes. Corresponde a labores de inventario iniciadas hace varios años en cumplimiento de la ley mencionada, antes de este Gobierno y proseguirán hasta su finalización”.
“La vinculación errónea de dichas tareas con la discusión de derechos de dominio sobre las tierras afectadas, no tiene fundamento alguno. En consecuencia, los actos de grupos antagónicos en hechos recientes, tanto los de quienes denuncian otros derechos de propiedad (carperos) en controversia con los que detentan las personas allí instaladas (colonos), como los de quienes destruyen señales colocadas en cumplimiento de las acciones de inventario y delimitación efectuadas por el Gobierno, constituyen hechos intolerables, cuyas responsabilidades personales deben ser determinadas conforme a la ley”, detalló.
No obstante, López Perito comentó al margen del comunicado oficial, que efectivamente “hubo desprolijidades” en el amojonamiento por parte de los militares en Ñacunday. “No ha habido un procedimiento adecuado”, agregó.
Igualmente, reconoció que el “descrédito” de las instituciones encargadas de la administración de la tierra genera “grandes confusiones”.
<h2>SOLUCIÓN AL CONFLICTO</h2>
El comunicado repite lo que en varias ocasiones habló el propio López Perito -y también Lugo- sobre respetar el estado de derecho y buscar una salida al conflicto de tierras en la zona de Alto Paraná, pero sin especificar de qué manera puntual se hará. Textualmente, señala:
“El Poder Ejecutivo se compromete también a la coordinación de acciones con los Poderes del Estado, en el marco de la disposición contenida en el Art. 3 de la Constitución Nacional, que permitan generar instrumentos legales que, en coherencia con los postulados constitucionales; posibiliten instalar instituciones, competencias, relaciones jurídicas, reconocimiento de derechos y materialización de garantías en favor de la gente y de posibilidades del mejor y mayor desarrollo de la producción en el campo y de mejor y más equitativa distribución de la tierra en el Paraguay, con respeto de la propiedad privada y con posibilidades de acceso a ella para todos; y se orienten a revertir la morosidad y mala calidad del servicio de justicia”.
El pronunciamiento remarcó que la administración de Lugo “rechaza toda idea de violencia”, que provenga de cualquier sector, y “rechaza toda idea de justicia por mano propia”. Recuerda, además, que se instruyó a la fuerza pública para “la utilización de todos los medios disponibles para el aseguramiento del orden público y la seguridad de las personas”.
“Dichas posturas de ratificación y compromiso, constituyen - estamos seguros de ello- caminos que favorecerán la instalación de mejores condiciones de seguridad jurídica en beneficio común, cuando la gente adquiera la convicción de que sus reclamos son atendidos con respeto irrestricto a sus derechos y garantías, probidad y celeridad”, concluye.
El comunicado del Gobierno refuerza, más que nada, la postura personal de López Perito frente a la figura del gobernador de San Pedro, José Pakova Ledesma, quien hoy se ratificó en que representa a los carperos en su lucha por la tierra.
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