“Un hombre que estaba en frente nuestro disparó y el agente de la Fope que iba delante de mí esquivó la bala. Yo fui para atrás y la bala pasó de refilón por el chaleco. Como Matrix habré hecho...”.
(Agente fiscal Rogelio Ortúzar, explicando detalles del operativo policial del sábado 5 en Minga Guazú, que terminó con 6 supuestos secuestradores acribillados).
No se parece en nada a Neo, el ya legendario personaje encarnado por el actor Keanu Reeves en las tres películas de The Matrix. Tampoco se asemeja mucho a Silvester Stallone en sus distintas versiones del clásico guerrero yanqui Rambo. Por el contrario, vestido con su uniforme de combate para`i, su chaleco antibalas de kevlar, sus fashion anteojos inastillables y un fusil ametralladora en la mano, el fiscal Rogelio Ortúzar se parece más bien a un nene de papá con juguete nuevo, una versión cachaquera de “Mambrú se fue a la guerra”.
Más allá de los inevitables chistes y caricaturas que ha sugerido la controvertida imagen del agente fiscal antisecuestro y su bélico show mediático, lo sucedido en Alto Paraná debe llamar a la reflexión sobre la creciente oleada de violencia, manifestación de un problema mucho más grave: el crecimiento del crimen organizado en la región este y la ineficacia del Estado para contenerlo y brindar seguridad a los ciudadanos.
En estos cinco primeros meses del 2007 se han registrado nueve casos de secuestros extorsivos conocidos públicamente, de los cuales ocho han ocurrido en Ciudad del Este y sus alrededores. Una poderosa banda, aparentemente liderada por el mafioso brasileño Valdecir Pinheiro, junto a los paraguayos José González Ocampo (ex policía) y Roque Jacinto González, ha logrado consolidarse con un gran poder de acción criminal, y ha dado los más grandes golpes con la aparente complicidad de elementos policiales y judiciales.
Presionada por el masivo reclamo ciudadano, incapaz de desarrollar una labor de inteligencia que permita prevenir eficazmente los delitos y capturar a los delincuentes, la cúpula policial decidió reciclar a algunos viejos comisarios y oficiales con la “mano dura” y el “gatillo fácil”, y enviarlos al Alto Paraná, con las precisas instrucciones de salir de cacería y no tomar prisioneros.
En menos de una semana, ocho supuestos miembros de la banda de secuestradores fueron acribillados a mansalva. Dos en el barrio Fátima de Ciudad del Este, el miércoles 2, y seis en Minga Guazú, el sábado 5 a la madrugada. No quedó ninguno vivo.
Aunque existan elementos que ponen en duda que haya habido un enfrentamiento, sino más bien una ejecución, la población aplaude. Casi todos los asesinados eran conocidos “pájaros de cuenta”, con frondosos antecedentes penales, exceptuando a una mujer y a un adolescente de 16 años, a los que se podría considerar “daños colaterales”. Hace falta “mano dura”, dicen. Alguien tiene que poner fin a la impunidad de los delincuentes, dicen.
Pero sucede que en Ciudad del Este se habla desde hace tiempo de “escuadrones de la muerte” y de policías “gatillo fácil”, que disparan primero y preguntan después. Que ignoran elementales procedimientos como dar el alto e intimar a la rendición, o respetar elementales derechos humanos.
Por supuesto, hay quienes cuestionan: ¿Qué derechos tienen los criminales, que nunca respetan los derechos de sus víctimas?.
Pues bien, esa es la radical diferencia que debe distinguir a los criminales y a los miembros de una fuerza de seguridad profesional de un Estado de Derecho. Estas deben actuar siempre -¡siempre!- conforme a la Ley. De lo contrario, se convierten simplemente en criminales con uniforme.
Y si a la policía se le va la mano, resulta mucho más grave que un agente fiscal, representante del Ministerio Público, encargado de dirigir la investigación y garantizar el estricto cumplimiento de las normas legales, aparezca vestido de Rambo y portando un armamento que por Ley no le es permitido (la Ley 1.910 prohibe el uso de armas de guerra a los civiles, y el fiscal es un civil).
Fuentes consultadas por esta columna precisaron que el arma utilizada por Ortúzar es una subametralladora FAMAE (Fábricas y Maestranzas del Ejército), de fabricación chilena, calibre 9 x 19 mm Parabellum, incluida en la categoría de armas de guerra junto a los fusiles de asalto. Se alimenta con un cargador de 35 tiros, y posee un dispositivo limitador de ráfagas a 2 0 3 tiros. Es parte de un lote donado a la policía paraguaya por el Gobierno chileno.
Es decir: Si Ortúzar tiene esa arma, es porque la propia policía se lo ha proveído.
