Wilson Ferreira
CIUDAD DEL ESTE
El Ministerio Público presentó ayer una tercera imputación contra el ex intendente de Ciudad del Este Miguel Prieto Vallejos, esta vez por un presunto perjuicio económico a la Municipalidad en obras ejecutadas en el Hospital Regional de Ciudad del Este.
La imputación fue formulada por fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), por el supuesto hecho punible de lesión de confianza y alcanza además a otras diez personas, entre miembros del Consejo Local de Salud y representantes de empresas constructoras.
Según la investigación, entre diciembre de 2019 y agosto de 2022 la administración municipal transfirió al Consejo Local de Salud unos G. 11.295 millones provenientes de recursos municipales para inversiones en infraestructura hospitalaria.
Con esos fondos se financiaron refacciones, ampliaciones y obras en distintas áreas del Hospital Regional. Sin embargo, informes técnicos del Ministerio Público señalan diferencias entre los montos pagados y lo efectivamente ejecutado, lo que habría generado un perjuicio estimado de G. 757.166.276 para la Comuna esteña.
Los fiscales sostienen que parte de los contratos fueron adjudicados a las empresas SERVMAQ, vinculada a Freddy Guzmán Martínez, y M & M Constructora, de Cinthia Noelia Alen Guerrero. Esta última, según la investigación, incluso podría haber funcionado como una empresa de fachada.
La Fiscalía también señala que las contrataciones no habrían seguido los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones Públicas y que varias obras habrían sido pagadas sin certificación técnica ni fiscalización municipal. Entre los imputados figuran integrantes del Consejo Local de Salud, entre ellos su entonces presidente Walter Hugo García Méndez, el vicepresidente Hugo Benítez Vázquez, el tesorero Salem Esgaib Zugaib y la secretaria Lucía Elizabeth Lisboa de Torales, además de otros miembros de la institución.
Esta causa representa la tercera imputación contra Prieto. Las otras dos fueron por presuntas irregularidades en compras en pandemia.