El barrio Corumba Cue Poty, de la ciudad de Mariano Roque Alonso, Departamento Central, es el tétrico escenario de una película que tiene tres años de historia. Los vecinos del lugar denominan a la zona como el barrio “zombi”, ya que se encuentra en un lamentable estado de abandono, donde la explotación sexual de menores y el tráfico de drogas son el pan de cada día.
La periodista Fátima Garay y el camarógrafo Alcides Benítez encabezaron la loable tarea de mostrar la triste realidad de las niñas, niños y adolescentes de la comunidad Maká, quienes son ofertados por un adulto a los hombres que buscan satisfacer sus necesidades con la desgracia de los pequeños.
La investigación periodística de Telefuturo —que duró ocho días enteros— dejó al descubierto cómo —a plena luz del día— las niñas son prácticamente violadas en la vía pública o yuyales.
Los vehículos de los interesados —algunos muy lujosos— llegan a la zona entrada la noche y recorren el pasillo de la prostitución para recoger a las niñas o adolescentes. Todo esto ocurre bajo la atenta mirada de dos personas que actúan como intermediarios y son quiénes eligen a las indígenas para su prostitución.
Modus Operandi
Desde que las niñas tienen el periodo menstrual son consideradas mujeres y ya forman parte de las “ofertables”. Las que son iniciadas se ofrecen a los hombres por G. 20.000 o G. 30.000 y una vez cumplida la misión, entregan el dinero al encargado y vuelven para buscar otros clientes.
Según el informe, no se descarta que en la zona también exista la trata de personas, ya que son varias las pruebas captadas por los vecinos, donde se puede observar cuando las víctimas son llevadas contra su voluntad en lujosos vehículos al mando de hombres mayores.
Algunas de las menores luchan con fuerza para no ser raptadas o sometidas sexualmente, pero al final nada es suficiente y los letrados se salen con la suya, según el reporte de Telefuturo.
La cruda realidad en la que viven estos menores de edad —que deberían ser protegidos por el Estado— es cada vez peor. Como son varias las personas que van hasta la zona para acceder a los “servicios” de los pequeños, el mercado sexual en este punto va en aumento.
“El niño y el adolescente tienen derecho a estar protegidos contra toda forma de explotación y contra el desempeño de cualquier actividad que pueda ser peligrosa o entorpezca su educación, o sea nociva para su salud o para su desarrollo armónico e integral”, indica el artículo 25 del Código de la Niñez y la Adolescencia, del cual estos pequeños finalmente son excluidos por las autoridades del Ministerio de la Niñez, el Indi, la Fiscalía, entre otros entes del Estado que deberían velar por la seguridad de los mismos.
En las imágenes compartidas en el segmento del Telediario de Telefuturo, se puede observar cómo un supuesto taller de camiones pesados es utilizado como aguantadero, donde las menores de entre 11 y 12 años ingresan de a tres para “atender” a los camioneros que llegan esporádicamente a la zona.
Las niñas son arreadas por una cabecilla, una mujer que también es de la comunidad, donde las mismas tienen un santo y seña, o una suerte de señal, que utilizan para avisar que ya están disponibles para el servicio.
Otro de los problemas en la zona son las drogas. En el lugar también existe un grupo predominante, el Clan Rotela, que recluta a los adolescentes de la comunidad para ser vendedores de los estupefacientes, en especial del crac, además de que estos también son fieles clientes y se valen de eso para convertirlos en vendedores.
Desde hace tres años aproximadamente los vecinos viven acorralados por la delincuencia, el tráfico de drogas y la explotación sexual a plena luz del día y horas de la noche.
La droga corre las 24 horas del día generando un descontrol cuando los consumidores ya no tienen dinero para costear la sustancia que los hace dependientes.
“El Estado implementará programas permanentes de prevención del uso ilícito del tabaco, bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes o sicotrópicas. Implementará igualmente programas dirigidos a la recuperación del niño o adolescente dependientes de éstas sustancias”, reza por otra parte el articulo 16 del Código de la Niñez y la Adolescencia, el cual las autoridades ignoran en su totalidad.
Toda esta situación de drogadicción y narcotráfico generan otros delitos, como el robo domiciliario o robo en la vía pública.
Asimismo, los nativos se vuelven agresivos tanto ante la negativa del famoso peaje o si se enteran que son filmados o denunciados por los vecinos.
Muchos de los pobladores se vieron obligados a rematar sus viviendas tratando de buscar huir de esta realidad. Los pocos vecinos que aún resisten ya se encuentran organizados para luchar contra el descontrol del barrio e imploran a las autoridades que pongan un alto a la zozobra que no los deja dormir.
En el lugar existe una escuelita en medio del barrio, que también fue acorralada por los indígenas en situación de calle. Los mismos ocupan una plaza detrás de la escuela.
Las autoridades intentaron realizar el desalojo, pero la respuesta de los nativos fue replicada con mucha violencia y lastimosamente los intervinientes fueron expulsados del lugar sin tener resultados favorables.
Ya días atrás, una familia fue salvajemente atacada y saqueada por los indígenas, luego de que éstos se negaran a colaborar con ellos con dinero.
La situación es cada vez peor y el lugar ya no parece al salvaje oeste, sino una tierra de nadie, donde las drogas y el sexo están a la orden del día y donde solo sobrevive el que sabe que ofreciendo sus servicios puede conseguir algo más, según revela el informe de Telefuturo.
Con este completo material periodístico se espera que de una vez por todas las autoridades tomen cartas en el asunto y pongan las cosas en su lugar, para que así los vecinos puedan recuperar la paz y los menores de edad puedan llevar una vida digna, donde la comida y la educación estén dentro de su vocabulario y no solo sea un sueño muy lejano.
