Aldo Natalizia, director de Asuntos Corporativos de la empresa Tigo y vocero de la Cámara de Operadores Móviles del Paraguay en lo que respecta a la llamada ley de los servicios de confianza, ratificó la postura de las telefónicas sobre el artículo 103 del citado documento, que fue sancionado por el Congreso Nacional conforme a la versión de la Cámara de Diputados.
Cabe recordar que esta redacción establece el requerimiento de la identificación electrónica con un nivel de seguridad alto para las diferentes operaciones dentro del ámbito financiero, mientras que la otra propuesta (versión del Senado, que no se ratificó en segunda vuelta), dejaba al ente regulador la potestad de definir los niveles de seguridad para las diferentes transacciones de acuerdo con el nivel de riesgo.
Natalizia comentó que la legislación local sobre los denominados servicios de confianza se basa principalmente en normas europeas, pero que en estas no existe ningún apartado como el 103 de la normativa sancionada por el Parlamento Nacional. “¿Por qué el artículo 103 no está en otras leyes? Porque lo que establece es particular y la ley es general”, manifestó.
Asimismo aseguró que la aplicación del nivel de seguridad elevado en lo relacionado a la identificación electrónica es compleja, requiere –según la misma ley– de la presencialidad o de herramientas equivalentes a la presencialidad que son sumamente sofisticadas, y que esto terminará desincentivando la utilización de los conocidos como giros por medio de las billeteras electrónicas, sobre todo entre los usuarios del interior del país, lo cual –a su vez– conllevará a un mayor uso del dinero en efectivo, con los problemas que esto acarrea en términos de seguridad y trazabilidad, entre otras cuestiones.
PEDIDO. Los operadores móviles expresaron recientemente al Poder Ejecutivo su preocupación con respecto al apartado 103 del documento. Al respecto, Natalizia aseguró que las autoridades se comprometieron a escuchar a todos los actores afectados antes de proceder o no a la promulgación de la normativa, y detalló que, en caso de vetarse el artículo en cuestión, el texto sería “idéntico” al europeo. “Nosotros entendemos el negocio, cómo funciona un servicio que tienen dos millones de paraguayos”, refirió.
Al ser consultado sobre si las dificultades podrían atenuarse con la reglamentación de la ley, consideró que esto es difícil debido a cómo está redactada la norma. “No está reglamentado el procedimiento (de identificación electrónica para operaciones financieras), pero ya pusieron que el nivel de seguridad es alto, y no se sabe qué costo va a tener, el cliente no sabe cuánto le va a costar el trámite, cómo va a realizar el certificado y quién le va a dar el certificado“, dijo.
Con respecto a las críticas que surgen hacia el sector de las telefónicas, vinculadas al uso de los giros para cometer hechos delictivos, indicó que todos los sistemas son perfectibles, pero que también se debe tener en cuenta que la cantidad de casos de estafa u otros cometidos a través de las billeteras es reducido con relación a la cantidad total de operaciones que se contabilizan en el mercado.
Movimiento de G. 1 billón por cada mes
Conforme a los datos del Banco Central del Paraguay (BCP), las Empresas de Medios de Pago Electrónico (EMPE) que operan en el país mueven alrededor de G. 1 billón al mes, con un promedio de más de ocho millones de transacciones. Desde diciembre del año pasado, hasta julio de este año, las EMPE registraron un movimiento superior a los G. 8 billones, mientras que si se observan la cantidad de operaciones, la cifra orilla los 70 millones.
En el periodo de los últimos ocho meses, fue en julio cuando se tuvo la mayor cantidad de transacciones (8,9 millones), mientras que en montos el registro más elevado corresponde a diciembre de 2020. Tigo es la empresa de más participación en este segmento.
