Juan Carlos Almirón, sindico titular de APTA, comentó a este medio que, si bien la denuncia por estafa contra Arístides Morales, presidente de la Asociación, ya se realizó ante una sede fiscal en octubre del 2015, el Ministerio Público no mostró avances en la investigación y que muchos de los denunciantes sufren consecuencias hasta ahora por haber “destapado la olla”.
El caso cayó en manos de Ángel Ramírez del 9. º Turno. Los trabajadores denunciaron a Morales por los hechos punibles de estafa, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y evasión de impuestos.
Según el denunciante, Morales declaró en el 2010 ante el Consejo Nacional de las Telecomunicaciones (Conatel) que la asociación solo contaba entonces con 510 móviles; falseando la información a una institución del Estado a fin de abonar menos por el pago de la tasa comercial por uso del espectro radioeléctrico, siendo que en realidad el gremio cuenta con más de 900 unidades.
Almirón comentó que a pesar de que sus compañeros hayan pasado los aranceles y sus cuotas respectivas hasta el pasado año, la asociación está adeudando los aranceles por varios años y un canon del 1 % por uso del espectro radioeléctrico. Esto les genera “mucho miedo”, ya que el servicio de radiotaxi puede dejar de poseer la licencia, sostiene.
Según el relato de uno de los denunciantes, Morales finalmente llegó a un arreglo con la Conatel para desestimar dichos juicios y solo pagar los impuestos por los móviles declarados; motivo por el cual aparentemente el caso pudo haber sido dilatado.
MILLONARIO DAÑO PATRIMONIAL
“Acá hubo un daño patrimonial de unos G. 180 millones que estamos abonando en concepto de intereses. Lo malo de todo esto es que a raíz de esta judicialización en nuestros balances se estaban provisionando los pagos para Conatel, cosa que hoy en día no existen en nuestros balances, o sea en nuestras cuentas corrientes. Solo existen en los papeles”, sentenció Juan Almirón en contacto con ÚLTIMAHORA.COM.
El hombre sostiene que Morales hizo una entrega de G. 120 millones y el resto lo financió con el ente estatal dejando una deuda a los trabajadores por cuatro años más.
“Lastimosamente el órgano que debería haber velado por los intereses de los ciudadanos no está haciendo lo que corresponde en este caso el Ministerio Público ni tampoco la Conatel realiza una revisión de los móviles en la fecha”, dijo.
El taxista confirmó que las diligencias en la investigación están siendo muy lentas, cuestión que le parece “algo raro” entendiendo que se trata de una denuncia importante. Relató, además que a raíz de esto , los denunciantes están suspendidos en el uso del sistema taxi radio.
