En efecto, la ANDE comunicó que la tarifa que cobra a las criptominerías oscila entre los USD 40 MWh y USD 50 MWh. Además, las organizaciones cuestionaron que el presidente Santiago Peña fomenta que la administración eléctrica entregue energía regalada a la criptominería, mientras él mismo propugna que la tarifa de Itaipú debe volver a su nivel del 2021, de USD 44 MWh; lo que, sumándole una compensación de USD 11 MWh, determinaría un precio de exportación de USD 55 MWh.
“Desconocen –insólitamente– los costos adicionales que implican (1°) las pérdidas de transmisión y de distribución (si el abastecimiento a criptomineras fuera en 23 kV), (2°) los gastos de transmisión, distribución, depreciación, consumidores, administrativos y generales de ANDE y (3°) el 8% de rentabilidad obligatoria que ANDE debe percibir sobre su inversión inmovilizada. Todos ellos son costos muy significativos y globalmente superiores a USD 20 MWh, que omitimos detallar en razón a la brevedad”, señalaron.
Por esto, afirmaron que la tarifa mínima a la cual la ANDE debería vender su energía a las criptomineras debería ser de (55 + 20 =) USD 75 MWh, “valor similar al establecido en el Decreto 7551/2017, de cumplimiento obligatorio para este tipo de consumidores intensivos de energía, pero curiosamente no cumplido por el presidente de la ANDE ni por Santiago Peña, pese a que el decreto fue dictado por el mismo Horacio Cartes en el 2017”.
Criticaron que el Gobierno actual utiliza la normativa mucho más permisiva que el ex presidente Mario Abdo Benítez, el Decreto 7824/2022. “Peña tampoco puede eludir su responsabilidad sobre las mucho más alevosas criptomineras ilegales que se instalan y operan durante meses, sin que el presidente de la ANDE se dé cuenta”, fustigaron.
También insistieron que el mandatario debe ejercer la soberanía hidroeléctrica, cuestionando que “la única propuesta conocida de Peña es subir la tarifa común de Itaipú a USD 22,6 kW/mes (USD 44 MWh para la energía ‘garantizada’) con el fin de ampliar los fondos de manejo discrecional en Itaipú, lejos de la Contraloría y de la Justicia, y para beneficio de la patria contratista”.
