El banquero Daniel Vorcaro, detenido por el mega fraude del Banco Master, firmó un acuerdo de confidencialidad con la Procuraduría General de la República y la Policía Federal de Brasil. Se trata, según medios del vecino país, de una decisión que busca un acuerdo de delación que podría golpear a altas autoridades del Gobierno del socialista Luiz Inácio Lula da Silva, a jueces del Tribunal Supremo, políticos de diversos partidos y personalidades del ámbito financiero.
O Globo, uno de los medios que filtró los mensajes entre el banquero y el magistrado de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, sostiene que el Gobierno intenta despegarse del escándalo. Se busca evitar daños en el camino hacia las elecciones presidenciales del 4 de octubre, en las en las que Da Silva aspira a un nuevo mandato. Las encuestas ya no le son favorables al octogenario líder progresista. Su rival, uno de los hijos del ex presidente Jair Bolsonaro, el senador Flavio, recortó la desventaja y ya le iguala en la intención de voto, según los últimos sondeos.
El escándalo del Caso Master salpica a un amplio espectro de la política brasileña. Esta semana el medio informativo Metrópoles reveló que la nuera de Jaques Wagner, líder en el Senado del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), recibió pagos por 11 millones de reales de Master.
En enero, se supo que el bufete del ex ministro de Justicia Ricardo Lewandowski trabajó para el banco Master y recibió pagos por 5 millones de reales. El mismo Lula da Silva recibió fuera de agenda a Vorcaro en la sede de Gobierno, el Palacio de Planalto, en diciembre de 2024.
El acuerdo de confidencialidad que firmó Vorcaro se enmarca en un posible acuerdo de delación premiada, que lo beneficiaría con una condena más leve, si revela los nombres de los involucrados en la red del Banco Master, que acabó con la liquidación por insolvencia en noviembre último, con más de USD 7.000 millones en deudas a unos 800.000 inversores.
