“Las acciones corruptas del representante paraguayo Ulises Quintana facilitaron el crimen organizado transnacional y socavaron el estado de derecho en Paraguay. Lo estoy designando públicamente como inelegible para ingresar a los EEUU”, señala claramente el documento.
Quintana sumó un nuevo punto a su prontuario político. El mismo está procesado por lavado de dinero y asociación criminal por su vinculación con el supuesto narcotraficante Reinaldo Cucho Cabañas.
Pasó dos años en la cárcel, salió, recuperó su banca en Diputados y ahora candidato de consenso de Concordia Colorada para la intendencia de Ciudad del Este.
¿Por qué EEUU apuntó a Quintana, quien más allá de su vinculación con el narcotráfico no es considerado un pez gordo del submundo de las drogas?
Porque el mensaje no es solamente para el diputado.
Con esta declaración, el Gobierno de Joe Biden le puso la cruz al candidato de la Operación Cicatriz, pero el tiro por elevación apunta al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, el vicepresidente, Hugo Velázquez, bajo eterna sospecha por sus supuestos nexos con Hezbollah, y el ex presidente Horacio Cartes, quienes acordaron el apoyo al legislador procesado por lavado de dinero como candidato de consenso para la ciudad considerada centro del tráfico ilícito y nexo con el terrorismo por su estratégica ubicación en la Triple Frontera.
Probablemente si Ulises no era el elegido para dirigir la capital del Alto Paraná con la venia del presidente de la República, del ex presidente de la República y del vicepresidente, no habría calificado para ser vetado por el Gobierno norteamericano. El cargo al que aspira y el apoyo de lo más alto del poder generó la reacción norteamericana.
Probablemente su caso iba a ser como el de la ex diputada colorada Cinthia Tarragó, cuyos movimientos se conocían, pero su suerte cambió violentamente cuando decidió lavar dinero en EEUU. Ulises es acusado de “facilitar el crimen organizado transnacional”. O sea, para EEUU no es un simple dealer, alguien de poca monta.
El diputado, quien tiene como abogado nada menos que a un ex fiscal general del Estado (Óscar Latorre), se defendió un día después acusando al Ministerio Público y al Poder Judicial de cometer terrorismo y de informar con datos manipulados a los gobiernos internacionales sobre su caso.
MENSAJE COLATERAL. El mensaje no acaba en el mundo político. Es también un llamado de atención para el Poder Judicial y su escandalosa impunidad. El caso Quintana está varado en la Corte Suprema desde el 2019 a la espera de una decisión para que continúe la causa. Inhibiciones, recusaciones y otras acciones forman parte del menú de dilación del expediente que los ministros no se animan a resolver, sin dudas por el poderoso padrinazgo político del que goza el encausado.
Otros que recibieron la misma sanción de EEUU también gozan de la lentitud de la Justicia, como el ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón, cuyo expediente está varado en la Corte y hace dos días remitió los documentos al Juzgado de Garantías. El único caso que continúa su trámite normal es el proceso contra Óscar González Daher y su hijo Óscar González Chaves, por supuestos delitos de enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lavado de dinero.
NARCOPOLÍTICA. El caso Quintana/Cabañas puso una vez más en escena la existencia de la narcopolítica. Ulises llegó al Congreso como parte del movimiento Añetete del presidente Mario Abdo Benítez, pero hoy goza de la confianza de Cartes en el marco de la Operación Cicatriz.
Hay una creciente preocupación internacional sobre la libertad que tienen los narcotraficantes en Paraguay para hacer sus negocios. La única manera de explicar tanta autonomía es la protección política y el “relajamiento” de los organismos de control como policías, fiscales y jueces. Las recientes incautaciones de megacargamentos de cocaína en Europa “made in Paraguay” que pasaron los puertos sin ser “detectados” no desataron una ola de detenciones de peces gordos. Apenas cayeron mediadores de medio pelo.
Quizá por efecto del comunicado de la Cancillería norteamericana, la Senad hizo el viernes varios allanamientos en el marco del operativo Budapest referente a las 11 toneladas de cocaína incautadas en el puerto de Amberes, Bélgica.
TALóN DE ULISES. La frase correcta es Talón de Aquiles, pero allá por los noventa, el entonces presidente de la ANR, Eugenio Sanabria Cantero, le cambió de nombre al héroe de la mitología griega al analizar las debilidades dentro del Partido Colorado, donde “cada uno tiene su talón de Ulises”. Y quedó como expresión popular.
El comunicado generó espasmos políticos. El primero en acusar recibo fue el presidente de la República. El secretario privado del Palacio y coordinador general de Concordia Colorada, Mauricio Espínola, aconsejó al diputado a renunciar a la candidatura. “Si yo fuese Ulises Quintana declinaría mi candidatura inmediatamente. Primero por mi país, después por mi familia y finalmente por mi partido, y me dedicaría de lleno al proceso judicial”, lanzó en tono de ruego.
En las otras carpas hubo silencio. Nadie se animó a cuestionar la injerencia norteamericana. Si Cartes decide también soltarle la mano, Quintana quedará sin soporte y su candidatura se diluirá naturalmente.
Si ello llega a suceder, la chance de la ANR quedará comprometida en Ciudad del Este ya que Quintana es el candidato colorado mejor posicionado para disputar la intendencia. “Será un vacío difícil de llenar”, evaluó un dirigente colorado.
Hoy Ulises, pero Quintana, es el talón en el que una flecha envenenada puede hacer tambalear a los principales líderes de la ANR.
¿Se animarán a protegerlo hasta el final o entregarán su cabeza a cambio de su salvación?
