El pedido lo hizo la abogada Raquel Talavera, conocida defensora de derechos humanos, quien adelantó que en caso de que sea rechazado, quedará la vía libre para denunciar al Paraguay ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la situación carcelaria.
La abogada denuncia en su garantía constitucional el hacinamiento, torturas y homicidio de los internos, a más de decapitaciones grabadas en videos que circulan en las redes sociales.
Entre otras cosas, solicita recabar datos de todos los reclusos que están en Tacumbú, nombres, apellidos, edad, condición de salud, estado procesal de sus causas, tanto de los presos con prisión preventiva y aquellos que tienen condenas firmes.
En su solicitud remarca que actualmente son unos 15.800 internos en todas las cárceles del país, de los cuales el penal de Tacumbú solo debería albergar unos 1.300, lo que es evidente que no se da.
Cita, además del hacinamiento, la falta de alimentos y lugares en donde estar, por lo que crea el fenómeno de los pasilleros, los grupos mafiosos y clanes que dominan la cárcel.
Aunque reconoce el esfuerzo del Ministerio de Justicia y de la Defensa Pública, dice que el Estado paraguayo es incapaz de atender la situación carcelaria con políticas claras.
Entre otras cosas, el hábeas corpus apunta a que las condiciones de encierro no se compadecen con los estándares mínimos compatibles de los derechos humanos de las personas recluidas, sean con prisión preventiva o con condenas firmes.
Otro punto importante es la división que debería haber entre los procesados y condenados, algo que nunca se dio en nuestros establecimientos penitenciarios.
Con respecto a los primeros, denuncia el abuso de la prisión preventiva, ya que existen condenas de más de 10 años, cuyos casos aún están en estudio en la Corte.
Sobre las condenas firmes, requiere que los jueces de Ejecución dispongan también las prisiones domiciliarias y celulares con chip de GPS, a más de otros medios adecuados para que se reporten con sus abogados.
Finalmente, entre las peticiones, por demás básicas, están alimentos en cantidad y calidad suficientes, espacios físicos con colchón, techo mínimo, guardias con preparación, agua potable, seguimientos de sus procesos, limitar el abuso de la prisión preventiva y luz eléctrica.
Un pedido también atendible es que “definitivamente sea el Estado paraguayo el que maneje y tenga el control de las penitenciarias y no los grupos mafiosos imperantes”.
Según la abogada, el objetivo del hábeas corpus es hacer llegar las propuestas a la Sala Penal de la Corte, de modo a descomprimir las cárceles y que sea el Estado el que asuma el control, para que no se tengan más muertes.
Si analizamos esta garantía constitucional, tenemos que prácticamente son cuestiones tan básicas que no se tienen en nuestras cárceles, que dan vergüenza como Estado. Hablamos de alimentos, luz eléctrica, colchones y techo, que se supone toda prisión debe tener. No se pide nada del otro mundo.
No olvidemos que el Paraguay ya fue objeto de un juicio ante la Corte IDH por la situación del ya desaparecido penal de menores Panchito López, lo que hizo que el reclusorio se mudara a Itauguá.
La situación de nuestras cárceles es desesperante, y más con lo ocurrido hace semanas, cuando murieron siete reclusos, tres de ellos decapitados.
El Estado, que es el que encierra a las personas, es el responsable de mantenerlas, alimentarlas y, principalmente, darles seguridad. No por estar recluidos dejan de tener derecho a la vida u otros derechos fundamentales como seres humanos.
