El nombre de la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, fue el que más fuerte sonó para el cargo, pero desde Presidencia no pudieron confirmar la información. Recalde por su parte manifestó a ÚH que no habló del tema con el presidente, y que por el momento descartaba la posibilidad.
La ministra participó activamente de toda la elaboración del proyecto y del acuerdo con los gremios. Aseguró que las movilizaciones surgieron a causa de una campaña de desinformación.
También resaltó que el gobierno hizo todas las concesiones a los reclamos por lo que consideró hubo malas intenciones. Recalde comentó que debido al extenso proceso de construcción para que funcione la Superintendencia, se necesitan aproximadamente tres años.
Explicó que el tiempo de transición se debe comenzar a regular, que incluyen todos los aspectos para inversiones, gestión de riesgo y parámetros de control interno.
Para reglamentar la ley hay un plazo de 24 meses, y luego 12 meses para inducciones a las cajas para que puedan incorporar estas nuevas prácticas en su gestión. Detalló que además se debe contar con presupuesto, estructura y personas técnica capacitadas.
Uno de los factores que empujó al Gobierno de Santiago Peña a aprobar la ley de forma apresurada es la exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) que comprometió al país a aprobar dicha legislación, ya en la era Mario Abdo, y el gobierno actual de Peña espera la aprobación de un préstamo de USD 400 millones que solicitó. El Ejecutivo negó que tenga relación con el FMI.
