Gladys Fernández, directora general de Control Gubernamental de la Contraloría General de la República, confirmó este martes que se inició una auditoría a la Superintendencia de Bancos para fiscalizar los procesos de supervisión y control sobre entidades financieras.
El procedimiento se da en un contexto de pedidos de informes del Congreso Nacional al Banco Central del Paraguay (BCP) respecto a bancos de plaza, señalando la exposición de riesgos de los fondos jubilatorios y públicos en algunas entidades bancarias, así como las operaciones y la solvencia del sistema financiero.
“Nosotros no auditaremos a las entidades financieras, sino necesitamos saber qué hizo la Superintendencia de Bancos”, explicó Fernández en comunicación con radio Monumental 1080 AM esta jornada.
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🔴 Contraloría inicia auditoría a la Superintendencia de Bancos
— Monumental AM 1080 (@AM_1080) September 29, 2026
👉🏼 La Contraloría General de la República dispuso el inicio de una auditoría de cumplimiento a la Superintendencia de Bancos para evaluar y fiscalizar los procesos de supervisión y control que ejerce sobre las… pic.twitter.com/bTCKmn7pGT
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El procedimiento inició el pasado 21 de setiembre y fue ordenado por el contralor, Camilo Benítez, según explicó la funcionaria.
“Tenemos previsto evaluar todo lo que refiere al marco normativo, a los procedimientos internos que aplica la Superintendencia para primero planificar las actividades de supervisión y control de las entidades financieras”, agregó.
Al ser consultada por las limitaciones que se da por el secreto bancario, la funcionaria aclaró que la legislación vigente respalda el acceso a la documentación requerida para la fiscalización.
De confirmarse fallas o desviaciones en la función tutelar de la Superintendencia. Fernández indicó que, por mandato legal y constitucional, las conclusiones deberán ser comunicadas formalmente a las cámaras de Senadores y Diputados, al Poder Ejecutivo, al propio BCP y a la Superintendencia de Bancos.
En caso de hallarse la existencia de indicios de hechos punibles, la Contraloría remitirá los antecedentes al Ministerio Público para que se inicie la investigación penal, concluyó la funcionaria.
