25 ene. 2025

Sugieren a CGR informar reportes de los indicios de hechos punibles

La Comisión Bicameral emitió un dictamen con observaciones y recomendaciones. Dionisio Amarilla habló de perjuicio de G. 3,3 billones al Estado, y acusa a Marito por acción u omisión.

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Tomando nota. El fiscal general y el ministro de Economía revisando la documentación.

dardo ramírez

Dionisio Amarilla, titular de la Comisión Bicameral, que cotejó el informe de la Contraloría General del Estado (CGR) sobre la gestión de las instituciones públicas en el 2022, dio a conocer ayer el dictamen con las observaciones y recomendaciones.

Insistió en el perjuicio económico para el Estado de un monto de G. 3.3 billones, y considera que el ex presidente Mario Abdo podría ser investigado por acción u omisión.

“Nos preocupa que varios hechos indicados como punibles no están en el informe de la CGR. Para los próximos periodos, sería trascendente, importante que ninguno de estos hechos punibles o con indicios de hechos punibles sea omitido cuando se reporte al Congreso”, indicó.

A su criterio, la Contraloría debería corregir de forma natural para evitar los reportes, considerando un despropósito que no lo haga.

Otra sugerencia que mencionó es que se instale una oficina de seguimiento a estos reportes de indicios de hechos punibles que fueron remitidos al Ministerio Público.

“El perjuicio económico es de 3,3 billones de guaraníes entre administración central y descentralizados, municipios y gobernaciones; sería 450 millones de dólares”, acotó.

“El Senado va a debatir los casos más relevantes. Suponemos que puede terminar convirtiéndose en un adherente a la denuncia que formuló la Contraloría”, dijo.

“Por acción u omisión, el Código Penal castiga a quien, estando en conocimiento de hecho punible, no denuncia en instancias pertinentes”, respondió cuando se le consultó sobre la responsabilidad del ex presidente Mario Abdo. “Si quien nomina a un colaborador de su gestión, enterado del caso, ofrece indiferencia, me parece que el Ministerio Público, en ese sentido, tiene elementos suficientes como para orientar la consulta a quien los nominó en su momento. Era su jefe”, alegó.

“No sé si es directamente responsable, pero por acción u omisión, me parece que puede terminar siendo llamado para dar explicaciones”, reiteró en el caso de Marito.

No sé si es directamente responsable, pero por acción u omisión me parece que puede terminar siendo llamado para dar explicaciones.

Debate. El fiscal general Emiliano Rolón; el contralor Camilo Benítez y el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, fueron convocados, recibieron algunas consultas y coincidieron en el compromiso de que el informe “no quede en aguas de borraja”.

El diputado Raúl Benítez consultó a Rolón sobre los fiscales asignados, y en cuanto al ministro de Economía, le remarcó que los USD 600 millones que se habían aprobado no sean utilizados de manera discrecional.

Su colega, el colorado Mauricio Espínola agregó que no hay informe de último año, en cuanto a la gestión de las instituciones, que haya recibido un “5 felicitado con estrellas”, y cree que no se generó un documento analítico.

3,3 billones de guaraníes sería el perjuicio ocasionado al Estado, de acuerdo con informe de la CGR y la Bicameral.

Ministro de Economía evita calificar gestión anterior El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, no quiso utilizar los calificativos “irregularidad” ni “ilegalidad” con relación al informe de la CGR sobre la gestión del gobierno anterior, de Mario Abdo Benítez. Refirió que el déficit fiscal trepó al 5,1% cuando asumió el actual presidente Santiago Peña, en agosto pasado. “Por lo menos, poco razonable lo que se ha hecho con gastos en general sin entrar en calificativos”, dijo. En cuanto al préstamo de USD 600 millones, Fernández aseguró que no representa un cheque en blanco. “Tiene un proceso y están los órganos ejecutores, que son Salud y Obras Públicas. Se va a evaluar la razonabilidad de cada uno de los pedidos de pago, y se va a ejecutar de manera transparente y clara”, sostuvo el ministro. “No somos responsables de castigar, pero sí de ver de qué forma mejorar el procedimiento de gastos para no repetir comportamientos”, dijo.

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