La periodista Mabel Portillo Vázquez fue denunciada inicialmente por violencia de género por parte de la intendenta de Yataity, Gloria Duarte, luego de publicaciones periodísticas sobre un muro de contención que fue destruido por las lluvias.
Por esa denuncia, la jueza de Paz Rosa Alderete ordenó medidas de alejamiento a 500 metros de la intendenta y que incluso no nombre ni publique nada referido a la jefa comunal. La periodista explicó a Última Hora que ese caso concluyó y demostró su inocencia hace un año.
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Sin embargo, la comunicadora fue imputada meses después, junto a otras seis personas, por el fiscal Martín Escalada, por supuestamente utilizar un lenguaje no verbal durante una manifestación para arengar a manifestantes, quienes tiraron piedras y bombas cuando las autoridades salieron del palacete municipal para abordar una patrullera.
En dicha cobertura periodística también estuvieron presentes periodistas de otros medios de comunicación, quienes no fueron alcanzados con la medida.
La intendenta denunció una supuesta amenaza de muerte, privación ilegítima de libertad y perturbación a la paz pública a la periodista de GuairaPress y otras 31 personas.
Ahora, el juez penal de Garantías de Guairá, Juan Ruiz Díaz, rechazó el pedido de sobreseimiento provisional presentado por la fiscala Noelia Soto Godoy. La defensa de la comunicadora pide el sobreseimiento definitivo en la causa por coacción, la cual podría derivar en un juicio oral en caso de continuar.
“Esta vez, a pesar de todos los videos y documentos que demuestran que no cometí tal hecho, igual el magistrado decide no dar lugar a levantarme las medidas de manera provisional ni definitiva. Me duele porque en esa manifestación yo estaba haciendo una cobertura y eso, al ver los videos, demuestran. Ya transcurrió un año de ese evento”, lamentó la comunicadora.
Desde el Sindicado de Periodistas del Paraguay (SPP) denunciaron que la comunicadora sufre una prolongada campaña de acoso judicial por parte de la autoridad municipal Gloria Duarte a causa de diversas denuncias periodísticas realizadas, por lo que exigieron el cese inmediato de esta persecución contra la trabajadora.
