Contradictoriamente, tras las fuertes críticas ciudadanas por lo aseverado, el ex fiscal y ex senador Arnaldo Giuzzio, actual ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), quien preside la CESC, ayer volvió a dar un viraje en sus declaraciones a la emisora Radio Monumental 1080 AM, afirmando de nuevo que sí hubo una tentativa de estafa y que hasta pueden darse nuevas imputaciones contra quienes resulten involucrados.
Por ello llama la atención el informe que los miembros de la Comisión entregaron en forma pública el lunes, cuando el propio Giuzzio aseguró que no habían hallado pérdidas económicas en los cuestionados procesos de compra de las empresas Imedic SA y Eurotec SA, vinculadas al llamado clan Ferreira, “porque fueron detectadas a tiempo” y finalmente fueron anuladas, alegando que la suma de más de G. 17.000 millones que se les había entregado como anticipo está en pleno proceso de recuperación en el ámbito legal.
De 44 procesos de compras supervisados, por valor de USD 514 millones, la CESC dio su acuerdo para diez llamados a licitación y cuatro operaciones de compras mediante organismos internacionales. También recomendó al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) la rescisión de contratos en algunos casos y la anulación de llamados en otros por la detección de irregularidades o vicios.
Lo llamativo fue la aparente intención de desvincular a las empresas del clan Ferreira, señaladas continuamente como vinculadas a miembros del poder, de toda responsabilidad en los presuntos hechos ilícitos, sobre todo cuando en un anterior informe la propia Comisión que preside Giuzzio había señalado graves irregularidades en la adjudicación de dichas operaciones de compras, coincidiendo con otro informe de la Contraloría, que también sostiene que el proceso estuvo “plagado de irregularidades”.
Aunque no haya existido el daño patrimonial que la comisión asegura, ¿no hubo acaso una grave lesión al sistema de salud, ya que con las compras fallidas se produjo una gran falta de aprovisionamiento de equipos e insumos, que en ese momento eran vitales para la lucha contra el Covid-19?
Aunque se devuelvan los G. 17 millones que se habían entregado como anticipo, aparentemente también en forma irregular a las empresas del clan Ferreira, ¿quién devuelve a la ciudadanía todo el tiempo perdido en cuarentena esperando que se equipen los hospitales contra el coronavirus?
Es lógica la indignación ciudadana despertada ante la sospechosa acción de intento de blanqueo a presuntos negociados con salud por parte de la Comisión Giuzzio. Esperamos que rectifiquen institucionalmente.