Las elecciones no empiezan el día de la votación ni terminan con los resultados. Son parte de un ciclo más amplio, que suele organizarse en tres momentos. Una etapa preelectoral, vinculada a la organización de las elecciones; una etapa electoral, centrada en la nominación de las candidaturas, la campaña electoral y la votación, y una etapa poselectoral, donde se revisa lo que pasó y se discuten potenciales reformas.
Hoy, a la luz de la etapa electoral, es un buen momento para observar qué funciona y qué no. Mirar las elecciones como un ciclo permite entender que los problemas no emergen de forma aislada, sino que se vinculan con los incentivos que generan las propias reglas, las malas regulaciones o distorsiones antiguas que nunca fueron solucionadas.
El Código Electoral paraguayo tiene más de tres décadas y fue pensado a la luz de los desafíos de la transición democrática. Pero la realidad cambió. Algunos problemas persisten y otros son nuevos, pero todos tienen un nivel de complejidad mayor. Las redes sociales emergen como una nueva forma de interacción con los electores; las campañas se encarecieron y el financiamiento político sigue circulando con una opacidad extraordinaria. Al mismo tiempo, los partidos redujeron su ya escasa orientación programática y su capacidad de formación de cuadros, mientras persisten los temas de antaño como el clientelismo.
Uno de los grandes problemas es la desigualdad en la competencia. Y el financiamiento político es un buen escenario para considerar su gravedad. Pese a los esfuerzos por la formalización, una parte mayoritaria de los recursos sigue moviéndose por fuera de los mecanismos de control. En un contexto donde el crimen organizado transnacional, especialmente el narcotráfico, marca presencia, esto aparece como un enorme problema que afecta la integridad de las elecciones y contribuye a la captura institucional.
El voto preferente mostró con claridad los riesgos de reformar sin un diagnóstico adecuado. Lejos de equilibrar la competencia, potenció problemas previos. Al individualizar la disputa, multiplicó las campañas. Esto aumentó exponencialmente los gastos, focalizó el clientelismo e hizo más difícil el seguimiento del dinero. Es decir, una reforma pensada como solución profundizó parte del problema.
A este escenario se suma el terreno digital. Las campañas ya no son solo los actos, la presencia en radio, televisión o la publicidad callejera. Aparecen también las redes sociales, mediante la microsegmentación, el uso de datos privados, algoritmos, influencers, noticias falsas, campañas sucias y empresas que muchas veces operan fuera de la órbita de la regulación estatal nacional. La opacidad digital puede profundizar más la desigualdad en la competencia. El gran dilema aquí es cómo regular sin afectar la libertad de expresión.
Paraguay necesita una discusión seria sobre reformas electorales. Pero esa discusión exige primero diagnósticos rigurosos. Debatir cambios institucionales desde intuiciones o urgencias coyunturales, pero con pocos estudios sistemáticos sobre cómo funcionan realmente sus reglas electorales, qué incentivos producen y a quiénes benefician, es una apuesta ciega.
Pero el problema es quién le pone el cascabel al gato. Los actuales representantes gozan de lo que en Ciencia Política se llama “ventaja del incumbente” y, por lo tanto, cuentan con menores incentivos para cambiar esas reglas que les favorecen.
Reformar es necesario. Pero reformar mal es peor que no reformar. Sin diagnósticos y objetivos políticos adecuados, podemos terminar inclinando todavía más la cancha.
