En la apertura de este evento, el presidente Santiago Peña había suscrito la Declaración de Chapultepec, decálogo sobre los principios fundamentales necesarios para que una prensa libre cumpla su papel esencial en la democracia.
“En este periodo, aumentaron las tensiones en contra de periodistas y medios que realizaron denuncias por nepotismo, tráfico de influencias e impunidad”, se resalta.
Se sostiene que las agresiones provinieron mayormente de autoridades pertenecientes a la Asociación Nacional Republicana (ANR), “con la intención de silenciar investigaciones de interés público sobre presuntas irregularidades en la gestión del gobierno”.
En el documento se describe que parte de la estrategia es la persecución a periodistas que cubren o investigan presuntos casos de corrupción, crimen organizado, tráfico de influencias y narcotráfico, entre otros delitos.
Entre otros casos, la organización, que agrupa a medios, asociaciones de prensa, empresas y periodistas, se refirió a la conformación, en agosto pasado, de una Comisión Bicameral conjunta de carácter transitorio para la investigación de hechos punibles de lavado de activos, contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos, que fue calificada como comisión garrote.
El documento analizado se hizo eco de las denuncias que hicieron abogados, activistas y legisladores de la oposición en setiembre pasado acerca de que la CBI, integrada por el oficialismo y sus aliados.
“Está siendo utilizada por el cartismo (la facción oficialista que encabeza el ex mandatario y actual presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes) para perseguir a rivales políticos, organizaciones sociales y medios de prensa críticos del oficialismo” es la sentencia de la SIP.
Menciona, además, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Estado a despenalizar los delitos de difamación. En ese sentido, se confirmó “la absolución de la directora de ABC Color, Natalia Zuccolillo y del periodista Juan Carlos Lezcano en una de varias querellas por difamación”, entre otros datos sobre los que la SIP ha tomado nota.
Se destaca que la Corte Suprema de Justicia dejó firme una condena contra un sujeto (Juan Vera) acusado de lesionar la intimidad de la periodista Mercedes Menchi Barriocanal por publicar en redes sociales su número de celular “para que la hostigaran”. También, incorpora que en abril pasado, la Cámara de Diputados rechazó un pedido de sanción al diputado cartista Yamil Esgaib, quien agredió verbalmente a la periodista Sara Moreno, de ABC Color. Además, a las periodistas Fiona Aquino, de ABC Color, y Rocío Pereira, de Telefuturo, quienes le consultaron sobre acusaciones de nepotismo y tráfico de influencias por la contratación de una de sus hijas en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
CARTA ABIERTA. La Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe remitió a la SIP, el miércoles pasado, una carta abierta, sobre los ataques de autoridades hacia los medios y trabajadores de prensa en el gobierno de Santiago Peña. Denunció que sectores de poder atacan al periodismo, “buscando imponer la censura y exponiendo a periodistas y trabajadores de la prensa en general a situaciones de violencia”, tanto en Argentina como en Paraguay.
Resaltan que las hostilidades van desde intentos de censura y judicialización a periodistas hasta la filtración de datos privados de periodistas.
