“Porque cuando una sociedad empieza a perder la vergüenza frente al crimen organizado, el problema ya es moral y político”.
Los siguientes hechos etnográficos nos permiten reflexionar sobre la tesis de este artículo. La narcopolítica y la infiltración institucional del crimen organizado en los tres poderes del estado seguirán gozando de buena salud porque una parte de la sociedad los tolera, por sobrevivencia o conveniencia; otra, los exalta, y cada vez más jóvenes ven en sus exponentes un modelo a seguir.
Hecho uno. Aunque no hubo comprobación judicial, mis interlocutores creían que Lalo Gomes era un patrón de frontera. En muchas conversaciones que mantuve en Amambay, su nombre aparecía más asociado a economías ilegales que legales, aunque públicamente se presentaba como empresario exitoso de la ganadería y dirigente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP). También era asociado con actores relacionados al Primer Comando de la Capital (PCC), poderoso grupo criminal brasileño. Aun así, fue electo como el diputado más votado de Amambay en las elecciones generales de 2023.
Hecho dos. A inicios de diciembre de 2025 se interceptó a pocos kilómetros de la frontera, en Saltos del Guairá, la mayor carga de marihuana que iba rumbo al Brasil, cerca de 90 mil kilos. El convoy estaba compuesto por unos 19 vehículos entre camiones, camionetas y automóviles de apoyo. Durante el operativo murió uno de los escoltas, hermano de un conocido patrón de la zona, luego de enfrentarse a las fuerzas estatales. Días después, en su Villa Ygatimí natal, una multitud recibió el féretro entre bombas, globos blancos y música compuesta para la ocasión, al estilo de los narcocorridos mexicanos. La canción hecha en su honor repetía: “Soy gallo de pelea y no le temo a la muerte”.
Hecho tres. Dos años antes del hecho relatado en el párrafo anterior, el 17 de diciembre de 2023, presencié una escena similar en la misma ciudad. El cortejo fúnebre de Ignacio Medina Brítez, asesinado por sicarios cuando llegaba a su establecimiento rural, convocó también a una multitud. Mariachis acompañaron el féretro hasta el cementerio local pese a las conocidas vinculaciones del fallecido con esquemas internacionales de narcotráfico. Más que temor o condena social, predominó un reconocimiento comunitario.
Hecho cuatro. En estos casi 20 años que vengo documentando cuestiones vinculadas a la violencia, inseguridad y crimen organizado en el país, mantuve conversaciones con operadores del sistema judicial y autoridades, en lugares distantes unos de otros, como Asunción, Ciudad del Este, Pilar, Filadelfia, Ypehû, Encarnación y Paraguarí, en donde mis interlocutores sabían perfectamente quiénes eran los patrones de la ciudad, conocían sus negocios legales e ilegales, sus formas de operar y lavar activos, sus padrinos políticos o quiénes decidieron dar un paso más y entrar a la esfera política como intendente, diputado o senador. A ninguna de estas autoridades les pasaba por la cabeza iniciarles un proceso penal o denunciarlos; es más, registré muchas justificaciones de la necesidad de sus operaciones porque, decían, mueven la economía de la ciudad.
Hecho cinco. En una histórica ciudad de frontera con más de 300 años de historia, que omito nombrar para evitar estigmatizaciones, los obsequios preferidos de los enamorados son ramos de dólares o guaraníes, que cuando se reciben se exhiben en todas las redes sociales, aun sabiendo que el origen del dinero es la economía ilegal.
Estos cinco hechos muestran la imbricada relación entre lo legal e ilegal en nuestro país, y la cada vez más extendida cultura narco, y la consiguiente tolerancia social e institucional a actividades ilegales. Michel Foucault llamaba a esto “gestión diferencial de los ilegalismos”, porque el sistema penal no persigue a todos de la misma manera, sino que escoge a algunos para criminalizarlos mientras tolera o protege a otros.
En este contexto, en donde los patrones de las economías ilegales se presentan a elecciones, exhiben sin pudor sus mansiones, camionetas, fiestas y fortunas, vuelve a tener vigencia una clásica interrogante de la criminología crítica: quizás ya no debamos preguntarnos por qué las personas delinquen, sino por qué alguien cumpliría la ley cuando incumplirla parece generar más prestigio, dinero y poder.
En el enfrentamiento al crimen organizado, tal vez la disputa central deba ser priorizar lo cultural y, en lo penal, enfocarse en las grandes estructuras criminales. El Ministerio de Educación, las universidades y los medios de comunicación deberían asumir seriamente la tarea de fortalecer valores democráticos y una cultura de la legalidad. Porque cuando una sociedad empieza a perder la vergüenza frente al crimen organizado, el problema ya es moral y político, y tiende a convertirse en parte de la idiosincrasia.
