Las deudas de la Justicia, respecto a los casos de presunta corrupción acometidos durante la reciente pandemia por el Covid-19, siguen sin ser resueltas. Ya han pasado cuatro años del evento que conmovió a la humanidad, que costó millones de vidas y nos dejó además una profunda crisis social y económica; sin embargo, en el Paraguay varios casos de corrupción pública siguen siendo objeto de dilación y chicanas judiciales. No deben quedar impunes los casos de autoridades y funcionarios que intentaron sacar provecho personal.
En este caso, el político colorado, junto a otras 32 personas, ha sido acusado por hechos de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, apropiación y asociación criminal. Estas personas habrían participado en el desvío de más de G. 18.300 millones en la Gobernación de Central a través de desembolsos hechos de forma indebida entre el 1 de marzo de 2019 y el 30 diciembre de 2020. Además, González debe enfrentar otra causa; es por el caso de obras fantasmas que ocasionaron un perjuicio de G. 5.100 millones. Recordemos que la Junta Departamental de Central decidió destituir a Hugo Javier González de su cargo en mayo del 2022.
Es tremendamente preocupante que, en nuestro país, a través de las dilaciones y chicanas, tantos funcionarios y autoridades reciban el presente de la impunidad. La Justicia tiene varias deudas pendientes por reaccionar con tanta indiferencia ante aquellos actos de corrupción que se cometían, mientras el país y el mundo vivían la pesadilla de la pandemia y la crisis de nuestro sistema sanitario.
Otro de los casos que acabaron impunemente es el que fue bautizado como el de los tapabocas de oro, cuando un tribunal de apelación anuló la acusación de la Fiscalía y ordenó el sobreseimiento definitivo de Édgar Melgarejo, ex titular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), junto a otras cinco personas que estaban acusadas por lesión de confianza en el caso conocido como tapabocas de oro. Para el Ministerio Público hubo un daño patrimonial de G. 119.960.000 con la compra sobrefacturada de los tapabocas para funcionarios durante la pandemia por el Covid-19. El ex titular de la Dinac también había sido declarado como significativamente corrupto por el Gobierno de los Estados Unidos.
Por otra parte, en el caso conocido como detergentes de oro, durante la administración del intendente asunceno Óscar Nenecho Rodríguez, hubo escasos avances en los últimos cuatro años hasta hace apenas unas semanas, cuando el juez Rodrigo Estigarribia admitió la imputación contra el intendente de Asunción y otros coprocesados por supuesta lesión de confianza y asociación criminal. Para los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción no hay dudas de que el intendente de la Municipalidad de Asunción es la cabeza de la estructura que simuló compras de detergentes y desinfectantes, utilizando fondos de emergencia en el marco del Covid-19. Junto a Nenecho, otros diez funcionarios forman parte de la investigación. Tras comparecer ante el juzgado, Óscar Rodríguez fue beneficiado con medidas alternativas a la prisión, con una fianza real de G. 500 millones, una comparecencia trimestral y la obligación de comunicar cada salida y retorno al país.
Resulta sin duda desmoralizante comprobar que, tras largas décadas de impunidad, la corrupción está prácticamente normalizada, es sin lugar a dudas un hecho preocupante. Y es al mismo tiempo una señal de degradación tener una sociedad que no reaccione ante la exaltación de los corruptos, lo que claramente se ha visto en los resultados electorales.
Es un gran desafío para el Paraguay recuperar los valores, la confianza en las autoridades y funcionarios, pero sobre todo, la confianza en el sistema democrático y el Estado de derecho.
