Opinión

Sicariato, Estado y familia

Gustavo A. Olmedo B Por Gustavo A. Olmedo B

“Donde no llegue el Estado llegarán las mafias… llegarán los carteles del crimen organizado”. Así reza en parte una expresión básica utilizada por analistas del narcotráfico en países en donde grupos criminales tienen cada vez más poder y capacidad de control e influencia, tanto en el ámbito político y judicial, como militar y policial. Y se hace referencia a un Estado que lucha por ser impermeable a la infestación que generan los recursos manchados en sangre.

La creciente ola de atentados y ataques de manos de sicarios en Paraguay, especialmente en zonas fronterizas, es una clara señal de un cuerpo criminal cada vez más fortalecido y seguro, que de apariciones esporádicas y tímidas pasó a mostrarse sin pudor, con acciones cada vez más violentas y destructivas.

Son síntomas de una nación que va siendo tomada silenciosa, lenta y peligrosamente por organizaciones criminales que no encuentran un Estado firme y saneado capaz de hacerle frente, sino, más bien, un sistema marcado por la impunidad, la falta de control y la ayuda de cómplices del miedo y la plata fácil.

Son grupos que van ganando poder en nuestro país, y que basan su actividad en el narcotráfico, el contrabando, el tráfico sexual, el tráfico de rollos, entre otras actividades ilícitas, y de los cuales el Comando Vermelho y el Primer Comando Capital (PCC) son solo algunos de los rostros identificados y mediatizados.

El crimen se fortalece a través de tentáculos extendidos en todos los poderes del Estado; comprando voluntades y lealtades con el dinero sucio y manchado con la sangre de miles de hombres y mujeres, y/o con la muerte en vida de tantos otros, incluyendo niños.

El hecho que la pericia balística del Departamento de Criminalística haya determinado que algunos proyectiles utilizados en el cuádruple asesinato ocurrido en Pedro Juan Caballero habrían salido de la Dirección de Material Bélico (Dimabel) revela la gravedad de la situación y demuestra hasta dónde ha llegado la mafia. Entonces es lógico suponer, como lo afirmó el gobernador de Amambay, Ronald Acevedo, cuya hija fue víctima de citado atentado, que “policías y militares son cómplices del crimen organizado”. Tristemente, una afirmación siempre repetida.

Los síntomas deben ser tomados en serio, de lo contrario, la enfermedad termina por consumir al paciente. Si el Gobierno de Mario Abdo no aplica medidas firmes, más tarde o más temprano terminaremos convirtiéndonos en un narcoestado, con todas sus consecuencias.

Y aquí no solo se requiere de una política de seguridad, que exige inversión humana y de capital, sino también de acciones referidas al empleo, la educación, la calidad de vida de la población. La pobreza y la falta de empleo siempre serán tierra fértil para el crimen.

No podemos resignarnos al lavado de dinero, tráfico de drogas y contrabando y, al mismo tiempo, esperar un país serio y con futuro. Hay que ser claros; el político de cualquier laya, que se involucre o beneficie de alguna manera con la narcopolítica, termina siendo un títere o “empleado” de las organizaciones criminales y, por ende, un criminal.

Pero el sicariato no solo se vence con políticas de Estado, sino también desde el “vamos”, desde la base de la sociedad; allí donde se aprende que nada puede justificar el arrebatar la vida al semejante. A las familias les toca ese papel fundamental de retomar la educación del valor del trabajo y el sacrificio para alcanzar las metas en la vida. El dinero fácil y sucio siempre termina arrastrando a quien lo toma a sitios oscuros y laberintos sin salida. Es casi una lógica matemática.

Hemos de superar esa mentalidad con aires de Maquiavelo, que con frecuencia respiramos en la actualidad; una en la que cualquier medio se justifica si permite alcanzar el objetivo, el éxito o el bienestar económico deseado, olvidando que una costosa camisa de seda no bastará, luego, para calmar una conciencia herida por el mal y la violencia.

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