El informe de la Contraloría cuestiona todo el procedimiento realizado. El caso debe ser derivado a la Secretaría de la Función Pública para designar al juez instructor que debe hacer el trabajo de investigación en base a los antecedentes remitidos a nivel interno.
Más allá de la responsabilidad principal por parte de los proveedores, si existe alguna responsabilidad por parte de los funcionarios públicos, el ministro Anticorrupción, René Fernández, señaló que Salud debe identificar las personas que estuvieron a cargo de todo el proceso de convocatoria por vía de la excepción.
“Eso es una decisión y responsabilidad que debe ser profundizada a través de un sumario administrativo. Tenemos conocimiento que el Ministerio inició el proceso. Por la Ley de la Función Pública se dicta un sumario a los funcionarios y allí que debe estar a cargo de un juez designado por la Función Pública”, explicó el ministro.
Los funcionarios deberán ejercer el descargo correspondiente. Acotó que hay información suficiente para tener una referencia sobre cuáles podrían ser las situaciones que se han atribuido a los mismos. “Cada uno ejercerá su defensa”, sentenció el ministro Anticorrupción tras la conclusión de la Comisión Especial creada por el Ejecutivo.
Una vez que la Secretaría de la Función Pública reciba el trámite oficial por parte de Salud, la dependencia encargada debe seleccionar al juez luego de un sorteo. Tiene un proceso de recolección de pruebas internas y se tiene que armar el expediente.
