A través de un comunicado, el Servicio Paz y Justicia en Paraguay (Serpaj) manifestó que el modelo criminal que ocasionó la muerte de 11 campesinos y seis policías, en la masacre de Curuguaty, sigue impune y una muestra de ello es la muerte de Édgar Centurión, joven agricultor, quien falleció este miércoles de 21 balazos en otro enfrentamiento entre policías y campesinos, dado esta vez en Itapúa.
El médico forense del Ministerio Público confirmó que el joven de 29 años acusó 21 orificios de entrada y salida de bala en varias partes del cuerpo.
Serpaj compartió el testimonio de un dirigente de la zona, quien relató que el problema de la tierra nace en el 2012, cuando se produjo el desalojo de un asentamiento campesino (de nombre Primero de Mayo) que se había instalado en el lugar en el 2002.
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Sin embargo, posterior al desalojo se reocupó el predio, y en los últimos años al problema de la tierra se sumó la agroganadera Kuma, que pretende apoderarse de esas tierras. Según los datos, semanas atrás también hubo un desalojo, pero la gente volvió a ingresar. Son aproximadamente 80 familias las que reclaman un lugar donde vivir.
“De esta forma, el modelo criminal que combina una letal alianza entre agroganadera, policía y jueces —esta alianza que ya fue identificada en el Informe Chokokue, Codehupy, 2007— sigue vigente en su impunidad”, lamenta la organización.
Señalan que a una década de la masacre de Marina Kue, los 21 orificios de bala en el cuerpo de Édgar Centurión, “definen cruelmente lo que aún nos resta para que la vigencia de los derechos humanos se constituya en una realidad cotidiana para las organizaciones campesinas”.
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“Es tarea y responsabilidad del Estado garantizar la vida digna en los territorios campesinos y el asesinato de Édgar Centurión no debe sumarse a la lista de los criminales hechos impunes en el marco de la lucha por la tierra en Paraguay”, reclaman en el texto.
El médico forense Gustavo Cabrera informó que el cuerpo del fallecido presentaba 21 balazos, que los recibió durante enfrentamiento entre un grupo de campesinos y la Policía Nacional en Itapúa.
En ese mismo lugar, la semana pasada, se realizó un desalojo por orden judicial y el establecimiento, donde estaban realizando trabajos de reparación de suelo y de siembra, quedó con cobertura policial. El Ministerio del Interior informó que se está determinando de dónde provinieron los disparos que acabaron con la vida del joven.
