Estas mayores exigencias, a la par que pretenden transmitir una imagen país de mayor seriedad, generan cierto malestar al interior de la ciudadanía debido al aumento de tiempo, costos y gestiones que demanda la presentación de la documentación requerida para la realización de operaciones como contrato de seguros y transferencias en el mercado paraguayo.
Víctor Lird, director de Inteligencia Estratégica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), reconoció que así como circulan quejas en redes sociales, también se enteró de este tipo de cuestionamientos sobre las excesivas exigencias de documentación por parte de las entidades a las que la población acude en busca de servicios financieros.
“Hay que distinguir muy bien entre lo que exige Seprelad y lo que a veces se dice que exige Seprelad. Lo que dice Seprelad es: en la medida que las instituciones creen que sus clientes tienen un grado de riesgo más elevado con relación al lavado, tienen que profundizar en la información que les piden, no es pedir la documentación para todo el mundo”, relató.
Explicó que existen confusiones en la identificación de señales de alarma que podrían conducir a un caso de lavado de dinero y recordó que estas se tratan de movimientos inusuales, por ejemplo, en la cuenta de un cliente, respecto a sus niveles de ingresos y las operaciones que habitualmente efectúa. Destacó que las alertas se activan especialmente cuando se manejan elevados montos de dinero en efectivo y de acuerdo con la zona geográfica en que se efectúan las transacciones; en este punto, las regiones de frontera son consideradas de mayor riesgo.
“Si tenés un empleo en el cual ganás G. 10 millones, que un día te vayas a depositar G. 100 millones, eso levanta una alerta y más si esos G. 100 millones es dinero en efectivo. Ese tipo de cuestiones son las que los bancos tienen que hacer un juego de qué tanto riesgo tengo con este cliente y qué documentación le voy a pedir´”, aseveró.
Detalló que generalmente llaman la atención las operaciones que superan los USD 10.000, ante las cuales se solicita la documentación que justifique el origen del dinero comprometido.
“Le molesta a la ciudadanía que se le pida lo mismo a una persona que tiene un nivel de riesgo bajísimo, que a otra que tiene el nivel de riesgo alto. La entidad no debería pedir tanta documentación para clientes que no tienen un riesgo alto”, sostuvo.
Lird informó que están cerrando el 2019 con cerca de 16.000 reportes de operaciones sospechosas, que en un 92% provienen de entidades bancarias, y que esta actividad experimenta un crecimiento promedio de 30% cada año. Mencionó al sector de profesionales independientes entre los que necesitan mayor capacitación para reportar más y con mejor calidad.
Explican a sujetos obligados cómo deben reportar
Juego de roles se denominó el taller con el que la Seprelad continuó con las actividades de capacitación sobre reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. El encuentro fue organizado también por el Banco Central del Paraguay (BCP), con el apoyo de la Unidad de Información y Análisis Financiero de la República de Colombia.
La primera jornada estuvo dedicada al sector financiero y a los supervisores de la Superintendencia de Bancos; luego, acudieron representantes del sector de seguros y empresas de medios de pagos electrónicos (EMPE).
Más adelante, se dio espacio al sector cooperativo y al Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), para concluir con personas físicas o jurídicas que se dedican comercialmente a la importación, compra, venta y consignación de vehículos automotores para la compraventa; al sector inmobiliario, representantes del sector de escribanos, de la Corte Suprema de Justicia, de las casas de bolsa, de la Comisión Nacional de Valores, de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) y casinos.
Víctor Lird, director de Seprelad, explicó que en estos encuentros compartieron con los presentes las características de la información que se requiere recolectar y con qué argumentos, en el marco de las estrategias de prevención y control. “El tema es que los oficiales de cumplimiento conozcan qué trabajos hacemos nosotros con la información que ellos envían y qué tipo de información nosotros manejamos para nutrir el trabajo de ellos”, manifestó.
