La procesada Carol Patricia Turrini Ayala está acusada por el Ministerio Público por supuestamente haber participado en el millonario desvío de G. 16.000 millones de la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat), actual Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat (MUVH).
Fue fallo unánime de los ministros Luis María Benítez Riera, Eugenio Jiménez Rolón y Alberto Joaquín Martínez Simón, declararon inadmisible la casación promovida por la defensa, patrocinada por el abogado Rowan Franco.
Esto, debido a que la resolución no pone fin al procedimiento ni extingue la acción o la pena, como tampoco deniega la extinción, conmutación o suspensión de la pena, por lo que no es objeto de casación.
La defensa había atacado la resolución del 23 de diciembre del 2024, dictado por el juez Mirko Valinotti, y la resolución del 19 de marzo de 2025, dictado por el Tribunal de Apelación Penal, Segunda Sala de Capital, que ratificó la elevación a juicio oral.
La defensa había atacado la resolución que rechazó la prescripción de la acción penal, y la extinción de la acción, a más del incidente de suspensión condicional del procedimiento que habían sido presentados durante la preliminar.
Sin embargo, los ministros, en el análisis de admisibilidad, entendieron que el recurso de casación no puede ser presentado en contra de la citada resolución, por lo que lo declararon inadmisible para su estudio.
La acusación fiscal
En el caso, según la acusación fiscal, entre los años 2012 y 2013, el técnico Camilo Recalde, habilitado como Servicio de Asistencia Técnica (SAT), recibió de Senavitat la suma de G. 16.750 millones, mediante la cesión de subsidios habitacionales que los beneficiarios firmaban a su favor.
Agrega que los citados fondos públicos fueron depositados en cuentas bancarias de la Cooperativa de Vivienda Mi Casita, presidida por Carol Turrini, esposa de Valenzuela. Después, el dinero fue cobrado a través de cheques firmados por Turrini y Rebeca Valenzuela, sobrina del acusado.
Igualmente, la Fiscalía sostuvo que Carlos Valenzuela, sin tener vínculo contractual con Recalde ni con la citada cooperativa, retiró más de G. 1.650 millones de estas cuentas, dinero que nunca fue justificado y que no fue destinado a las obras previstas.
Asimismo, la Fiscalía remarca que los proyectos habitacionales presentaron múltiples deficiencias edilicias o directamente no se culminaron lo que generó un perjuicio directo a familias que esperaban una solución habitacional.
Igualmente, las pericias realizadas por el MUVH confirmaron las irregularidades, por lo que se abrió el proceso penal. Por estos hechos, Valenzuela fue imputado en 2016 y posteriormente acusado en 2017.
