El ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis Castiglioni, argumentó que el veto del Poder Ejecutivo a la ley para la promoción del transporte eléctrico se debe al objetivo del Gobierno de desarrollar la industria automotriz en el país. El proyecto vetado vuelve al Congreso Nacional para su consideración.
Sostuvo que existe un plan de movilidad eléctrica para el futuro y que desde el MIC consideran fundamental desarrollar la industria automotriz con énfasis en la movilidad eléctrica.
“Sin embargo, el proyecto sancionado por el Congreso, el pasado 1 de junio, contempla exoneraciones impositivas y otros estímulos para la importación de vehículos eléctricos, lo que no está alineado con la política del Gobierno de fabricar autopartes y automóviles en el país”, explicó a Agencia IP.
Nota relacionada: Mario Abdo veta proyecto de ley de incentivo al transporte eléctrico en el país
Sostuvo que desde el Ejecutivo ven necesario que un proyecto de ley sobre el transporte eléctrico debe tomar en cuenta impulsar el desarrollo de la industria automotriz eléctrica.
Adelantó que desde el MIC, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la Secretaría Técnica de Planificación (STP) se presentará en agosto un nuevo proyecto al Congreso Nacional para consolidar esta visión.
Asimismo, mencionó que en este mes se recibirá la primera visita de técnicos del Instituto de Tecnología Automotriz de Corea (Katech), con quienes se elaborarán acciones para la transición hacia el uso de energías renovables dentro del sector automotor.
Lea también: Luz verde para ley de uso de transportes eléctricos, tras ser largamente postergado
Con esta cooperación podrán instalar el primer centro tecnológico con énfasis en movilidad eléctrica, lo que será la semilla para la futura industria automotriz eléctrica en el Paraguay, destacó.
El proyecto de ley de incentivos y promoción del transporte eléctrico en el Paraguay pretende establecer un marco normativo que regule la promoción y el fortalecimiento de las políticas públicas de incentivo para el uso del transporte eléctrico en los sectores público y privado.
El documento establece como autoridad de aplicación al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través del Viceministerio de Minas y Energías, y exonera por 10 años el impuesto a la importación de los vehículos y de los elementos relacionados con la carga.
El proyecto fue sancionado, pese a informes negativos de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), teniendo en cuenta especificaciones técnicas; y que los costos de adquisición de esos vehículos superan en un 25% el costo de otros de la misma gama, pero no eléctricos.
