Un grupo de senadores hicieron formal este lunes el pedido de interpelación al presidente del Instituto Nacional de Desarrollo de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, con relación a las adjudicaciones irregulares de tierras fiscales en la zona del corredor bioceánico, de los departamentos de Alto Paraguay y Boquerón, en el Chaco.
Senadores de la oposición formalizaron el pedido de citar para interpelar al secretario de Estado, luego de lo que consideran como un hecho grave y un “escándalo de proporciones nacionales” que tomó estado público y hace referencia a las 29 hectáreas a las que accedió por resolución del Indert, el empresario Adolfo Gabriel Francisco Ehreke Irrazábal.
Consideran que el caso reviste tal gravedad que no solo puede considerarse desde el punto de vista de mera “especulación periodística, sino hechos concretos que involucran resoluciones administrativas específicas, expedientes internos, testimonios de ex funcionarios y datos catastrales públicos”.
Consideran que estos insumos dan cuenta de un “sistemático abuso de poder, desvío de fines públicos (sic) y enriquecimiento injusto a expensas del erario nacional”.
Además califican como un hecho relevante que el desembolso por las tierras en cuestión solo haya ascendido a G. 18.282.056, que es aproximadamente a G. 630.000 la hectárea.
“Esto representa menos del 0,5% del valor de mercado, estimado en más de USD 20.000/ha”, refiere el documento.
De acuerdo con el documento del pedido de interpelación, Ruiz Díaz debe explicar al Senado los motivos técnicos, jurídicos y de oportunidad que llevaron al Indert a revocar la cesión de 12 hectáreas a la Dirección Nacional de Aduanas y se restituyeron las 29 hectáreas completas a Ehreke Irrazábal.
También deberá explicar en caso de interpelación sobre los “criterios utilizados para determinar los precios de venta de predios a G. 630.000 y G. 585.000 la hectárea, habiendo una tabla de valores desactualizada desde el 2015 y un valor de mercado superior a USD 20.000/ha.
Otros casos
Se añade al documento la descripción de otro caso, el de la “adjudicación exprés de 60 hectáreas fiscales en la misma localidad de Carmelo Peralta a Marlene Oviedo Rodríguez”.
Según el caso, fue adjudicado en tiempo récord a una joven de 24 años sin trayectoria agraria ni residencia en el Chaco “que contraviene flagrantemente los requisitos del Estatuto Agrario”.
En esta ocasión, el valor fue igualmente irrisorio y la transacción para la compra de la tierra fiscal fue de solo G. 35 millones, aproximadamente, por un valor de G. 585.000 por hectárea.
Otra adjudicación es de 2.000 y 4.000 hectáreas fiscales en Mariscal Estigarribia a Claudia Vallejos Acosta. Es hija y gerente general del ingeniero Isacio Vallejos, propietario de la Constructora CIVSA SA. Consideran que por tal motivo la adjudicación representa un conflicto de interés, puesto que la empresa es contratista del tramo 4 del corredor bioceánico.
Al igual que los demás, no cumple ni con el perfil empresarial ni el arraigo rural, requerido para ocupación efectiva.
Zona estratégica
Según el documento el “corredor bioceánico y el Puente Carmelo Peralta-Porto Murtinho constituyen una política de Estado que trasciende gobiernos. Sin embargo, las decisiones del actual presidente del Indert contradicen esta política de Estado”, advierten.
Todas las supuestas maniobras endilgadas a la actual administración, si se incluye el caso Vallejos- CIVSA, genera “un daño patrimonial estimado en más de G. 28.000 millones.
Incluso se cuenta con pruebas de que el titular del Indert fue advertido internamente por sus funcionarios de la gravedad de la situación, haciendo caso omiso al mismo.
“La ex asesora jurídica del Indert Carolina Pacce –quien renunció en marzo 2025–, declaró públicamente que alertó repetidamente al presidente Ruiz Díaz sobre la ilegalidad de estas operaciones”, refiere el pedido.
La medida contra el titular del Indert es de iniciativa de los senadores Rafael Filizzola, Ignacio Iramain, Éver Villalba, Eduardo Nakayama, Esperanza Martínez, Celeste Amarilla y Yolanda Paredes.
