El gerente de Economía de la Consultora Mentu, Jorge Garicoche, se refirió a la principal hipótesis que se maneja respecto al atraso con proveedores, que el Estado estaría posponiendo algunos compromisos para poder cumplir con la meta de convergencia fiscal establecida para este año, que prevé un déficit fiscal de hasta 1,9% del PIB.
Alerta que la situación fiscal actual es consecuencia directa de decisiones descoordinadas dentro del Estado, que han generado un impacto significativo sobre el espacio fiscal disponible y ponen en riesgo la continuidad de las obras públicas.
Según explica, el ejemplo más evidente es la adquisición de los aviones Super Tucano y un radar primario, inversiones necesarias para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, pero que no estaban previstas en el Presupuesto General de la Nación 2025. Al ser inversiones, consumen parte del límite permitido de déficit fiscal, lo que obligó a recortar espacio destinado al MOPC y MUHV.
El problema se agrava porque las obras del MOPC y el MUHV continuaron ejecutándose y generaron certificados de cumplimiento que derivaron en facturas. Sin embargo, el espacio fiscal para enfrentar estos pagos no está disponible.
Garicoche señala que la descoordinación llega a un punto crítico: solo el MOPC tiene contratos para ser entregados en 2026 por cerca de USD 1.000 millones, mientras que el PGN proyecta para obras del próximo año apenas USD 577 millones, sin contar los atrasos acumulados. Esto “casi garantiza que tendremos nuevos atrasos el año siguiente”, afirma.
El especialista también cuestiona la eficiencia del uso de préstamos para obras públicas. Debido al limitado espacio fiscal, muchas obras con financiamiento ya aprobado no pueden ejecutarse plenamente. Aun así, el Estado debe pagar tasas de disponibilidad y otros costos por recursos no utilizados, mientras las constructoras siguen avanzando con sus propios fondos.
Para revertir esta situación y reconstruir la previsibilidad fiscal, Garicoche plantea una serie de medidas urgentes: reconocer los atrasos y establecer un cronograma de pagos creíble; coordinación extrema entre el MEF y los entes ejecutores; y planificación presupuestaria interanual.
Entre otros puntos, también propone reformar la Ley de Responsabilidad Fiscal; un mínimo obligatorio de inversión en infraestructura; parámetros claros para activar cláusulas de escape ante shocks económicos; la reposición de cláusulas de control de gastos (actualmente exceptuadas) y la creación de un consejo asesor fiscal y reformas estructurales: Caja Fiscal y recaudación.
Garicoche concluye que la descoordinación entre instituciones y la falta de previsión en los pagos constituyen “actos de irresponsabilidad” que generan un alto costo para el país.
