El vicepresidente de la Comisión de Legislación de la Cámara Alta, el senador Luis Pettengill, explicó que la comisión analizó la objeción total del Poder Ejecutivo al proyecto de ley marco del derecho humano a la alimentación adecuada en la República del Paraguay, iniciativa impulsada por las senadoras Blanca Ovelar y Esperanza Martínez.
Según explicó Pettengill, el Ejecutivo argumenta que la propuesta presenta conflictos con normativas posteriores, como la Ley Hambre Cero, además de carecer de una fuente de financiamiento y de precisar el impacto presupuestario que implicaría su implementación. El proyecto fue aprobado por la Cámara de Senadores y luego en la Cámara Baja se aprobó sin ser estudiado, ya que tenía sanción ficta el 12 de abril.
Mencionó que los integrantes de la comisión resolvieron por unanimidad acompañar la objeción total del Poder Ejecutivo y recomendar el rechazo del proyecto.
También detalló que el primer proyecto analizado en la comisión este lunes, el que “crea un régimen presupuestario compensatorio para los costos derivados de los amparos judiciales en materia sanitaria y establece la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y el Registro de Amparos en Emergencias Médicas”, fue postergado debido a la falta de dictámenes de las comisiones de Hacienda y Presupuesto, y de Salud Pública y Seguridad Social.
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Asimismo, señaló que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) remitió un informe en el que objeta totalmente la propuesta al advertir que carece de fuente de financiamiento, no define el alcance de los recursos necesarios y se superpone con el Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud (Fonares). Ante ello, la comisión decidió aguardar los informes técnicos antes de emitir un dictamen.
En cuanto al proyecto que establece el marco legal para promover y regular la actividad de los herboristeros, Pettengill indicó que la iniciativa busca formalizar la actividad de quienes comercializan remedios yuyos, incorporándolos al sector de los microempresarios y estableciendo condiciones sanitarias para la venta de productos consumidos de manera directa.
Agregó que los productos que requieran procesamiento o transformación deberán quedar bajo la regulación de Dinavisa y del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), con el objetivo de garantizar la calidad sanitaria y evitar la depredación de especies vegetales utilizadas en la medicina tradicional. No obstante, el tratamiento también fue postergado debido a la falta de dictámenes de las comisiones de Salud Pública y de Industria y Comercio.
