La senadora nacional Esperanza Martínez presentó un proyecto de ley que busca modificar el método de cálculo del salario mínimo en Paraguay con el objetivo de que refleje de manera más justa el verdadero aumento del costo de vida de la población trabajadora.
Durante la presentación, la legisladora explicó que la normativa vigente contempla dos índices para definir el reajuste anual del salario mínimo: El índice de precios al consumidor (IPC) general y el IPC de alimentos. Sin embargo, tradicionalmente, se utiliza el índice general, que no refleja con precisión los aumentos que afectan más directamente a las familias trabajadoras, especialmente a las de menores ingresos.
Martínez ilustró la disparidad entre ambos indicadores con datos concretos: entre 2018 y 2023, el IPC general aumentó un 28%, mientras que el de alimentos subió un 47%. Solo en 2023, los precios de los alimentos se incrementaron un 7,5%, frente al 3,9% del índice general.
“El salario mínimo debe reajustarse con base en el índice que mayor impacto haya tenido, y en la mayoría de los casos, ese es el de alimentos”, sostuvo Martínez.
El proyecto establece que ambos indicadores continúen siendo considerados, pero que prevalezca aquel que registre mayor variación. “Es una mejora técnica a lo que ya existe. Queremos que se tome el índice más alto para beneficiar a los trabajadores y sus familias”, señaló. Asimismo, la propuesta incorpora un componente de transparencia, para exigir que el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) publique en la web del Ministerio de Trabajo las actas, cálculos y criterios utilizados para definir el reajuste anual.
“Hay desconfianza en los números. Lo que pedimos es que se publiquen los datos para que todos podamos verificar cómo se llega al monto final”, expresó la senadora.
Martínez subrayó que el salario mínimo, a pesar de que muchas personas no lo perciben directamente, sigue siendo una referencia importante en el mercado laboral. “Cuando se sube el salario mínimo, aunque el trabajador gane más o esté en la informalidad, eso tiende a empujar los ingresos hacia arriba”, indicó.
Por último, anunció el inicio de una campaña denominada “que se cumpla la ley”, enfocada en combatir la informalidad laboral y exigir que los empleadores paguen lo que corresponde, incluyendo el aporte al IPS.
