El parlamentario y ex ministro de Industria y Comercio durante el gobierno del presidente Horacio Cartes (2013-2018) es uno de los impulsores de la polémica ley “que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro” e integrante de la Comisión Bicameral de Investigación de Lavado de Activos y Delitos Conexos, conocida como comisión garrote, por su persecución a las oenegés.
Según informó a este diario, en Washington dialogó como senador nacional con congresistas republicanos amigos, y no como candidato a embajador ante Estados Unidos (EEUU).
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“Me reuní con colegas republicanos de ambas cámaras. Nos preocupa el despilfarro sin rendición aún de los USD 50 millones de la Usaid por las mismas oenegés de siempre”, afirmó, refiriéndose a los fondos de cooperación administrados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
Al respecto, agregó que anticiparon que los próximos programas de cooperación hacia Paraguay “lleguen a la gente y no a la burocracia de las oenegés qué no rinden cuenta de la plata que reciben, ni de sus resultados, ni de sus beneficiarios”.
El Gobierno de Donald Trump redujo 83% de los programas de Usaid y congeló toda la ayuda exterior. También inició un proceso de reducción del personal de la Agencia.
Sociedad civil
En Paraguay, un grupo de organizaciones de la sociedad civil demandadas por la mencionada Comisión Bicameral de Investigación (comisión garrote) por negarse supuestamente a proporcionar datos sobre el uso que dan a los recursos que manejan, aseguran que “toda la información necesaria para los fines de este órgano de carácter transitorio ha sido brindada de manera suficiente” cuando la requirieron.
Se trata del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), Semillas para la Democracia, Juntos por la Educación y el Centro de Estudios Judiciales (CEJ), que pidieron al Juzgado en lo Civil y Comercial del 11° Turno que se rechace la demanda de auxilio judicial por carecer de fundamento fáctico y jurídico, considerando que cumplieron “sustancialmente con los requerimientos de la Comisión Bicameral”. Señalan abusos de poder, violaciones constitucionales y “una clara intención de silenciar a la sociedad civil”.
El año pasado, desde la Comisión de Investigación de la que forma parte Leite se filtraron selectivamente datos de carácter privado que suministraron las oenegés convocadas por esta instancia creada en el Congreso Nacional.
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Se trataba de información de carácter confidencial sobre los fondos que administran las organizaciones y que no provienen del presupuesto del Estado. Las oenegés consideran que la ley impulsada por Leite y otros legisladores cartistas es innecesaria porque ellas ya están sometidas a control por diversas instituciones del Estado y por los financistas.
El senador Gustavo Leite es candidato a embajador ante los Estados Unidos. Aunque hasta el momento, la Cancillería Nacional no confirmó si ya llegó la respuesta del gobierno de Donald Trump al pedido de plácet (aprobación) para el candidato postulado.
La visita de Leite a Washington coincidió con la presencia del canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, que estuvo con el subsecretario de Estado, Christofer Landau, y congresistas republicanos y demócratas. Según el senador, lo vio brevemente, ya que ambos estaban con “agendas muy ocupadas”.
