La Cámara de Diputados rechazó por mayoría el proyecto de ley con media sanción por el que se prohíbe durante el ejercicio fiscal 2026 el pago de bonificaciones, cualquiera sea su denominación, a las máximas autoridades de las instituciones que ocupen cargos de conducción política y de conducción superior.
La iniciativa, que fue impulsada en el Senado luego de que saliera a luz el caso de las jugosas bonificaciones que se autoasiginó el presidente del Congreso Nacional, el cartista Basilio Núñez, fue frenada por el propio oficialismo, que así deja entrever su intención de mantener privilegios para las altas autoridades.
De acuerdo con el diputado y líder de bancada oficialista, Miguel Del Puerto, la medida es inaplicable y consideró que afectará a muchas instituciones en especial a las educativas. Defendió esta tesis a partir de que el Ejecutivo ya había sacado un decreto reglamentario que racionalizaba los gastos.
En el mismo sentido, su colega de bancada, la diputada Rocío Abed, también señaló como “un proyecto que ya resulta improcedente” en especial porque podría afectar a sectores “muy sensibles como el sector educativo, en especial a las universidades”.
Para el diputado liberal Miguel Martínez, más allá de que los oficialistas consideren que el ahorro que se proyectaría con la aprobación de la iniciativa no constituiría gran aporte, dijo que el foco aquí es no meter la mano en los impuestos de la gente.
“Nosotros también debemos colaborar con la gente porque sabemos que todo lo que gasta el Estado sale de su bolsillo, por eso yo no estoy de acuerdo con el rechazo”, sostuvo.
Miedo a Bachi. El diputado opositor Raúl Benítez expresó su desacuerdo con el cartismo y le restregó el hecho de “tener miedo de Bachi”.
“Demasiado le tienen miedo a Bachi… Nadie se animó a dictaminar”, expresó.
De hecho, el proyecto llegó al plazo límite para tratarse puesto que estaba a las puertas de la sanción ficta, por lo que la plenaria se constituyó en comisión.
Benítez agregó que el proyecto siempre fue “humo” lanzado por el titular del Congreso para hacer un control de daños a raíz de la indignación causada cuando se supo que cobró en total G. 63 millones en bonificaciones.
“Eso es lo que pasa cuando se presentan proyectos que son bombas de humo y hay que explicarle a la gente. Nació porque el presidente de nuestro Congreso decidió arbitrariamente autoaumentarse, su salario, dieta, su gratificación, bonificación”, indicó.
Alcance. El citado proyecto prohíbe bonificaciones en el ejercicio 2026 para autoridades del Congreso, también para el presidente de la República, sus ministros la Corte y ministros del TSJE.
Vuelve al Senado para la ratificación o aceptación del rechazo.
