12 abr. 2026

Senado se ratifica en su versión de la ley de conflicto de intereses

La Cámara de Senadores ratificó este jueves su versión del proyecto de ley sobre conflicto de intereses, también conocido como el proyecto sobre puertas giratorias, que busca evitar que altos funcionarios públicos pasen posteriormente al sector privado con información privilegiada. El texto vuelve a diputados.

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El proyecto volvió a la Cámara de Diputados.

Foto: Gentileza.

El proyecto de ley que establece deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables a los altos cargos de la República fue aprobado con 28 votos a favor, mientras que no se registraron votos por el rechazo.

El proyecto de ley tiene por objetivo establecer un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables a los altos cargos de la Administración Central, de los entes descentralizados en el Banco Central del Paraguay (BCP), la banca pública, las empresas públicas y demás organismos y entidades del Estado.

El texto sufrió algunas modificaciones en la Cámara de Diputados, donde los legisladores “achicaron” el grupo familiar al que se hace referencia, a cónyuge e hijos mayores de edad, con la aclaración de que esto no significa que “si se llegara a descubrir vínculos cercanos, como testaferros, prestanombres; las acciones seguirán igual”.

Le más: Harán otro intento de tratar ley de conflicto de intereses

La propuesta de ley fue presentada desde el Poder Ejecutivo, luego de la contratación de varios ex ministros por parte de las empresas del ex presidente de la República Horacio Cartes, quienes ocuparon altos cargos y manejaban información sensible.

En el ámbito de aplicación, serán objeto los ministros y viceministros del Poder Ejecutivo y sus equivalentes en las secretarías ejecutivas, dependientes de la Presidencia de la República.

El proyecto alcanza también al presidente y al resto de los miembros titulares del Banco Central del Paraguay, del Banco Nacional de Fomento, del Fondo Ganadero, del Crédito Agrícola de Habilitación y de la Agencia Financiera de Desarrollo.

También incluye al presidente de cualquier empresa pública, del Instituto de Previsión Social, el superintendente de bancos, el superintendente de seguros e interventores del Poder Ejecutivo.

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